Mediante un auto dictado este miércoles, el magistrado da traslado así a la Audiencia de los recursos de apelación presentados por parte de los Duques de Palma así como por el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, por la mujer de éste Ana María Tejeiro, y por el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, quienes han mostrado su disconformidad con que los regidores ejerzan la acusación particular -como perjudicados- en el marco de este proceso.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ya desestimó en primera instancia las impugnaciones de todos ellos, aseverando que ya explicó "suficientemente el proceso razonador" que le llevó a aceptar a los ediles socialistas como parte en este procedimiento judicial. "Cosa bien distinta es que legítimamente se comparta o no", incidía el instructor.
Y es que el magistrado admitió la personación de los ediles del PSPV "en su doble condición de representantes de al menos una parte de los ciudadanos afectados" por un presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, y de "obligados a la defensa del correcto funcionamiento de la Corporación municipal". De este modo les daba legitimación para su "defensa judicial" ante su "responsabilidad de velar por la observancia de determinados valores que estiman conculcados".
En el caso de la Infanta, sus abogados alegaban en su escrito que los regidores socialistas no están legitimados para personarse como acusación particular por no representar "ni a un Ayuntamiento ni a un partido político", sino que están ejerciendo esta acción a título individual.
Se da la circunstancia de que la Audiencia deberá resolver, de forma paralela, si la Duquesa de Palma estaba legitimada para impugnar su personación en el caso Nóos, después de que el juez Castro elevase al órgano judicial el recurso interpuesto por los regidores contra las alegaciones que emitió la hija del Rey Don Juan Carlos justo el día en que la Audiencia había dejado sin efecto su imputación en la causa.
Los socialistas decidieron personarse a raíz de los contratos suscritos entre la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y el Instituto Nóos para la organización de los eventos Valencia Summit, por los que la entidad entonces presidida por Urdangarin percibió unos tres millones de euros. "Hay cuestiones [sobre estos convenios] que aún no se han debatido y que esta parte se propone impulsar procesalmente", incidían.