La Sección Segunda de la Sala de lo Penal expone en un auto que Tacla formaba parte de un cártel integrado por algunas de las grandes empresas constructoras del país que pagaban "sistemáticamente" sobornos a dirigentes de Petrobras. En concreto se le atribuye haber mediado para el pago de dichas dádivas en Brasil y el extranjero a "funcionarios públicos y agentes políticos".
Según relatan, el extraditado, que actuaba como tercero en calidad de "operador" y se encarga del blanqueo de las cuantías obtenidas, habría lavado para una de las empresas del entramado, más de 35 millones de reales brasileños (9.520,000 millones de euros).
La Sala precisa que la orden de detención de Brasil es válida y desestima los motivos expuestos por su defensa que alegó que con la extradición se estarían vulnerando sus derechos dado que está sujeto a varios procesos y por tanto no podría ser enjuiciado dos veces por el mismo delito.
GARANTÍA DE RECIPROCIDAD
Los magistrados condicionan la entrega de Tacla, detenido en Madrid el pasado mes de noviembre tras llegar de Estados Unidos, a que las autoridades brasileñas presten garantía de reciprocidad en un plazo de tres meses para un supuesto similar de doble nacionalidad.
Pese a que la Constitución brasileña prohíbe la extradición de sus nacionales, los magistrados recuerdan que existen excepciones y que en el caso de Tacla, aunque tiene doble nacionalidad, una de ella es residual; pues "nunca ha desarrollado su vida en España" sino que únicamente fijó su residencia en España "para eludir la acción de las autoridades madrileñas", motivo por el cual ven pertinente su extradición.