Se trata de 13 marroquíes y siete sirios que cumplen prisión preventiva desde su detención en 2013.
La reciente reforma de la justicia universal establece que los tribunales españoles sólo tendrán jurisdicción para investigar la comisión del delito de tráfico de estupefacientes por mar cuando el procedimiento se dirija contra un español, el barco lleve pabellón nacional o cuando existan indicios de que un grupo criminal quiere cometerlo en España.
Los marroquíes viajaban en un barco sin pabellón interceptado el 31 de mayo de 2013 en el Mar de Alborán con 16 toneladas de hachís a bordo. La Fiscalía Antidroga pedía en su contra 6 años y dos meses de prisión por la comisión de delitos contra la salud pública.
En cuanto a los sirios, fueron interceptados cuando viajaban en el barco 'Moonlight' con bandera de Sierra Leona que se dirigía a Alejandría. La embarcación fue interceptada el 28 de septiembre de 2013 a 32 millas de Castel de Ferro (Granada) cuando viajaba con 479 fardos con pastillas de hachís.
Los magistrados han decidido por mayoría que la Justicia española no podrá perseguir el delito de narcotráfico cuanto éste sea cometido por personas extranjeras, detenidas en aguas internacionales que naveguen en barcos de pabellón no español. Debe quedar, además acreditado que el destino de la mercancía no es España.
16 NARCOS YA EN LIBERTAD
Los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez dejaron en libertad hace unas semanas a otros 16 tripulantes extranjeros, detenidos también cuando transportaban droga por mar.
Ambos alegaron que, de acuerdo con los nuevos criterios legales, "no es posible considerar que los tribunales españoles tengan jurisdicción para la instrucción y enjuiciamiento" de la comisión de un delito de tráfico de estupefacientes en aguas internacionales.
Los 18 magistrados que integran la Sala revisarán también hoy uno de estas dos decisiones, la tomada por Gómez Bermúdez, después de que la Fiscalía Antidroga lo recurriera y defendiera la competencia de los tribunales españoles para juzgar a los marineros arrestados en aplicación de la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes.
El Ministerio Público indica que, en su artículo 17, este texto establece "la necesaria cooperación entre los Estados firmantes para eliminar el tráfico ilícito por mar" lo que, en su opinión, obligaría a España a juzgarles.