La Audiencia Nacional admitió el pasado viernes a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) en el que solicitaba la suspensión inmediata de la adjudicación, una operación que se cerró por 1.187 millones de euros, si bien el Estado llegó a inyectar 12.052 millones para su saneamiento.
La CUP, que presentó este recurso a finales de septiembre, esgrimió entonces que la medida tenía como objetivo "combatir la impunidad de un agujero de 12.000 millones de euros" y aseguró que se negaba a que este coste lo acabaran pagando los ciudadanos, al considerar que estas pérdidas multimillonarias contravienen el interés general. Añadía que el precio de la venta podría quedar reducido a 585 millones, lo que no cubriría ni el 5 por ciento del coste público del rescate.
La Sala Contencioso-Administrativa ha dado, además, nueve días a BBVA y a propio FROB para posicionarse sobre la medida cautelar antes de decidir si suspende o no la adjudicación, tal y como pide la CUP.