Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que las policías locales de Vitoria-Gasteiz, Las Palmas, Badajoz, Figueres (Girona), Madrid, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Córdoba comunican al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que no han podido localizar a los afectados para notificarles la querella.
En noviembre pasado el juez instructor admitió a trámite una querella presentada por la Asociación Saharaoui para la Defensa de los Derechos Humanos-Asadeh y tres víctimas de estos hechos, que indiciariamente podrían ser constitutivos de los delitos de genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones.
El juez Ruz, que incoó este procedimiento con el aval de la Fiscalía, rechazó la pretensión de los querellantes de declarar al Frente Polisario y a la República Árabe Saharaui Democrática como responsables civiles subsidiarios de los hechos investigados al entender que la acción penal no se dirige contra estos dos organismos.
Entre los 29 querellados se encuentran el ministro de Comunicación del Frente Polisario, Sidahmed Battal; el exministro de Defensa y actual representante en España, Jandoud Mohamed; el fiscal de esta organización, Sidi Wagag; y miembros de la seguridad militar en los campos de Tindouf y en la prisión de Rachid.
La acción penal también se dirige contra el general Omari, actual embajador de Argelia en Marruecos; Nabil Kadour, oficial de la Seguridad Argelina agregado militar en la Embajada de Mauritania; o Nadim Benaser, oficial del Ejército argelino en la Región de Tindouf.
ANÁLISIS FORENSE A LAS VÍCTIMAS
El juez requirió a la asociación querallante que facilite los datos de filiación y domicilio de todos ellos para notificarles la apertura del procedimiento penal, así como los correspondientes a las víctimas a fin de tomarles declaración y que sean sometidos a un análisis forense que determine las secuelas que sufren.
Según consta en la querella, el Frente Polisario habría llevado a cabo "una campaña para eliminar a las élites saharauis de origen español con la intención de romper los vínculos entre las distintas tribus y sus autoridades naturales, al objeto de obtener un dominio más directo y efectivo sobre toda la población saharaui refugiada en sus campamentos".
Los que no aceptaron esta política sufrieron, según los querellanets, actos de represión y maltrato físico y moral, detenciones ilegales, torturas y asesinatos.