"Es un proceso de ingeniería jurídica para buscar la manera de beneficiar a los dos policías condenados y evitar a toda costa su entrada en prisión", ha denunciado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, sobre la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de suspender la ejecución de la pena de un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación que impuso en octubre de 2013 al exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector José María Ballesteros.
Pero además, ha defendido que ambos deberían estar ya suspendidos del Cuerpo Nacional de Policía en cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que la pena firme de inhabilitación conlleva la pérdida de la condición de funcionario.
"¿Qué quieren tapar?, ¿están haciendo todo esto para que los condenados no hablen y cuenten todo lo que sabe?", se pregunta Pedraza, que acusa directamente al Gobierno y el Ministerio del Interior de idear esta "ingeniería jurídica" con el último objetivo de que Pamiés y Ballesteros no cumplan su condena.
EL GOBIERNO, TAMBIÉN RESPONSABLE
Así, ha preguntado a los responsables del Departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz por qué no recurrieron también a artimañas legales en otros casos como, por ejemplo, buscar fórmulas para no aplicar la derogación de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
De hecho, ha recordado que los dirigentes del PP preguntaban todas las semanas en el Congreso al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el caso Faisán y sin embargo ahora que están en el Gobierno intentar "tapar" el asunto.
Esto llevará a la AVT a querellarse contra "quienes han hecho posible que esto suceda", ya que insiste en que "no todo vale". Y ha arremetido también contra la actuación del Ministerio Fiscal, que cree que se dedica a ser "abogado de los condenados y delincuentes".