En una nota, el equipo de gobierno ha añadido que "solo el empeño fanático y el rencor del PP, incluso en contra de las tesis de la Fiscalía, son lo que lleva a juicio" las declaraciones del alcalde, José María González, del exconcejal, Manuel González Bauza, y del jefe de Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia.
Asimismo, ha afirmado que la apertura del juicio oral "era inevitable pese al pronunciamiento contrario de la Fiscalía --que no ha presentado acusación--, toda vez que hay dos acusaciones particulares, ambas representando a concejales del PP".
"Pese a que la Fiscalía, que es quien representa la legitimidad pública, ha repetido por segunda ocasión que no ve delito en esas declaraciones, el PP antepone su empeño fanático y la judicialización de la vida política como su única arma de oposición a toda lógica procesal y política", ha manifestado el equipo de gobierno.
Además, ha añadido que la decisión judicial ha sido "bien recibida", ya que "va a permitir que se siga hablando de la pésima gestión política de aquel incidente que afectó a 14.000 personas y va a permitir, en el juicio, demostrar la verdad y que quede claro la responsabilidad política y legal de la nefasta gestión que llevaron a cabo los entonces responsables municipales".
Finalmente, el equipo de gobierno se ha mostrado "tranquilo, porque la propia Fiscalía en dos ocasiones ya ha dicho que no hay indicio de delito en esas declaraciones".
El 14 de febrero el alcalde de Cádiz ratificó ante la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz que el anterior equipo de gobierno (PP) "entre el 19 de septiembre y el 13 de octubre de 2014 distribuye agua no apta para el consumo --en el barrio de Loreto--, pese a que los informes de la UCA aconsejaban poner en conocimiento de las autoridades sanitarias los índice de e.coli y de bacterias que formaban parte del agua que se estaba suministrando".