El Ayuntamiento de Madrid ha derribado una vivienda de las tres previstas en el sector VI de la Cañada Real Galiana, en la parte de Valdemingómez, por falta de efectivos policiales, que ha obligado, a su vez, a la retirada de los técnicos, han informado a Europa Press fuentes municipales.
Unos 60 activistas se encuentran en el lugar desde primera hora de la mañana para tratar de evitar los derribos. Estos trabajos se interrumpieron sobre las 9 horas a la espera de que concluyera una negociación que mantenían abogados del grupo de apoyo con representantes del Ayuntamiento de Madrid.
Técnicos del Ayuntamiento de Madrid demolieron la semana pasada tres infraviviendas y tres construcciones, y desmantelaron el cerramiento de dos parcelas a requerimiento de la Policía Nacional, tras una operación contra el tráfico de drogas llevada a cabo hace unos días en la Cañada Real Galiana.
Los cerramientos de las parcelas eran pequeños vallados de unos 20 metros, que se construyeron junto a la carretera, y donde se vendía y consumía droga. Eran unas construcciones no habitadas y con una salubridad muy pequeña.
Al igual que el resto de estructuras derribadas estaban situadas a la altura de Valdemingómez, en el distrito de Villa de Vallecas, y habían sido construidas fuera de la legalidad vigente. Concretamente, se demolieron las parcelas 40, 57 C y 68, así como de tres construcciones en la parcela 37 y su entorno.
El pasado 25 de mayo los profesionales del Ayuntamiento de Madrid derrumbaron dos chabolas situadas en la parcela 211, entre la carretera de Vicálvaro a Mejorada y la M-45, y en la parcela 38 PB, entre la carretera de Vicálvaro a Rivas y la M-50, contando con la preceptiva autorización judicial.
También la semana pasada la asociación de vecinos Al-Shorok-Amanecer han entregado entregaron unas 12.800 firmas en el registro central del Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles, para exigir al Consistorio la paralización de los derribos en la zona.
'Al-Shorok-Amanecer' critica que a pesar de la aprobación de la Ley 2/2011 de la Cañada Real, que establece un plazo de dos años para negociar entre administraciones y vecinos un acuerdo global para la zona, el Ayuntamiento de Madrid "continúa derribando viviendas sin ofrecer ninguna alternativa de alojamiento".
"Las personas sin hogar por culpa de los derribos van a quedar excluidas del acuerdo global sin que exista justificación legal para ello, y supone por tanto una actuación ilegal y arbitraria por parte del Ayuntamiento de Madrid", ha señalado la asociación.
Los vecinos de Al-Shorok aseguran que Amnistía Internacional impulsa una campaña de denuncia de estos derribos por ser contrarios al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) firmado por España en 1977, y que establece la prohibición de desalojos forzosos sin consulta y previsión de alternativas para los afectados.