De igual manera, el Pleno ha facultado al alcalde, Rafael Sánchez ('Ganemos Pinto'),para que, mediante el correspondiente decreto, se designe abogado y procurador para la representación legal del Consistorio pinteño en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
La propuesta, según fuentes municipales, venía acompañada de un informe jurídico en el que se ratifica que el Consistorio pinteño, en su calidad de accionista del Canal "tiene interés en la citada causa penal, pudiéndose ver afectados los bienes o derechos de este Ayuntamiento como titular de dichas acciones".
"UN PASO ADELANTE"
Con este acuerdo plenario, Pinto "da un paso adelante en la estrategia acordada con otros veinte municipios madrileños accionistas del Canal de Isabel II de exigir responsabilidades de manera coordinada tras la Operación Lezo", según el Ejecutivo.
Los representantes de estos municipios madrileños ya expusieron en una reunión celebrada en el Consistorio madrileño, la preocupación por "la supuesta trama de corrupción que actuaba en el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid y, en particular, el presunto desvío de fondos públicos para beneficiar a personas vinculadas al anterior Gobierno regional, así como a notables empresarios vinculados con esta trama".
El Ayuntamiento de Pinto, junto con otros 110 municipios, es accionista minoritario de Canal de Isabel II Gestión S.A, sociedad creada en 2012 por el Gobierno del Partido Popular presidido por el ahora investigado, Ignacio González.