Según dijeron a EFE varios de los ex-consejeros afectados, la apertura de los expedientes afecta a los que fueron miembros de los consejos de administración en CCM desde el año 2005 hasta que la entidad fue intervenida el pasado 28 de marzo por el Banco de España y que podrían ser sancionados, en el caso de falta "muy grave" con hasta diez años de inhabilitación y 150.000 euros de multa.
Los expedientes también afectan los tres consejeros que habían presentado su dimisión antes de la intervención, es decir, Jesús Bárcenas (presidente de la Cepyme y presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha) y los que dejaron el puesto a petición de la dirección regional del PP, Rosa Romero (alcaldesa de Ciudad Real) y Emilio Sanz, aunque no a sus sustitutos (Francisco Galán, Emilio Loriente y Ángel Nicolás).
Entre los afectados también está el que fuera director general de la entidad Ildefonso Ortega, que presentó su renuncia el pasado 16 de abril y que fue sustituido por Gorka Barrondo.
El ex-consejero Germán Chamón -expedientado también por el PP por desatender la petición de la dirección regional de este partido el pasado mes de febrero para que abandonaran sus cargos del Consejo de CCM- considera que la apertura de estos expedientes sancionadores es una "consecuencia lógica" de la decisión del Banco de España de cesarles tras intervenir la entidad.
Explico que el texto de la comunicación que les está llegando tiene ocho folios y los términos de su contenido son parecidos a los que motivaron la intervención de la caja castellanomanchega.
La Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito de julio de 1998 contempla, en el caso de falta "muy grave", que los ex-consejeros podrían ser sancionados con hasta diez años de inhabilitación para cargos en entidades financieras y multa de 150.000 euros.
Todos los consultados coincidieron en que actuaron con "diligencia y honradez" y recordaron que el Consejo de Administración no tiene potestad ejecutiva y que, por tanto, ellos no pueden asumir toda la responsabilidad, porque, entre otras cosas no tenían información, pues creían que la caja en 2008 seguía teniendo beneficios.
En este sentido se preguntaron por qué el Banco de España solo ha actuado contra ellos y no contra los miembros de la Comisión de Control de la entidad intervenida o contra los directivos de CCM Corporación.
Se da la circunstancia de que los expedientados han recurrido su cese del Consejo de Administración para defender su actuación y no porque quieran volver a su puesto en CCM, coincidieron en señalar.
Preguntados por las pérdidas de la entidad de 740 millones de euros y que contrastan con los treinta millones de beneficios que presentó la entidad a la Confederación Española de Cajas de Ahorro, dijeron que la mayoría de estas pérdidas se refieren al impacto de las dotaciones en la cartera crediticia, sobre todo del sector inmobiliario.