Aunque este Consejo de Política Fiscal y Financiera no lo incluye expresamente en el orden del día, el peliagudo tema de la financiación autonómica sí que se tratará. No habrá sobre la mesa ningún documento concreto pero, como reconoce el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, "será una buena oportunidad para indicar cuáles son los planes del Gobierno,(...) será el pistoletazo de salida".
El Ejecutivo habla de marcar a partir del martes "la hoja de ruta" de una negociación complicadísima, cuyo marco general debe cerrarse en agosto. El nuevo sistema de financiación autonómica entraría en vigor a partir de enero de 2009.
Según todas las autonomías, el actual sistema no cubre el total de las necesidades de gasto actuales.
Desde el Ministerio de Economía y Hacienda se insiste en que "lo esencial es que el sistema garantice recursos para todos" y se promete que se respetará la situación actual como punto de partida: "Ninguna comunidad va a perder un céntimo", asegura Carlos Ocaña.
El bazar de la financiación
Pero para los gobiernos regionales la cosa no será tan sencilla. Todos tratarán de arrimar el ascua a su sardina. Porque esta negociación es como un bazar, donde el regateo cuenta y mucho.
Cataluña pedirá más dinero porque su población ha aumentado exponencialmente debido a la afluencia de inmigrantes. Baleares o Canarias esgrimirán el hecho de su insularidad y los problemas económicos que les acarrea su situación geográfica. Castilla León y Galicia explicarán que a ellos les cuesta más atender a su población, más envejecida que las de otros lugares.
A Asturias le preocupa estar perdiendo habitantes porque eso puede dar un tajo a sus recursos en un futuro. Aragón dirá que sus gentes viven muy alejadas unas de otras y eso dispara allí la factura del Estado de bienestar. Y así hasta 17 argumentos diferentes.
Un sistema con "el máximo consenso"
A pesar de esta maraña de intereses contrapuestos, el secretario de Estado de Hacienda confía en contar con "el máximo consenso posible" entre territorios y partidos políticos, lo que necesariamente incluye pactar con las regiones donde gobierna el PP.
El Gobierno asegura que, pese a lo que se publica, "hay muchos puntos de acuerdo", sobre todo, en temas de concepto.
Por ejemplo, hay consenso en que se siga contando con el Fondo de Suficiencia, una bolsa de dinero para las autonomías que no llegan al mínimo y que garantiza el acceso de los ciudadanos a los servicios básicos, vivan donde vivan. "El Fondo de Suficiencia es un elemento esencial", dice Ocaña.
El problema radica en que, al final, los recursos por habitante en algunas de las comunidades que reciben parte de este fondo son mayores que en aquéllas que no lo perciben, que son las que generan más riqueza.
Esos territorios ricos ponen el grito en el cielo y quieren que esa ecuación cambie, porque creen que están transfiriendo demasiado capital a las comunidades netamente receptoras.
Menos dinero para el Fondo de Suficiencia
En cualquier caso el fondo se recortará, porque el nuevo marco de financiación contemplará que las autonomías puedan recaudar nuevos impuestos, que hasta ahora son estatales.
El sistema de financiación, en general, y este fondo, en particular, funcionan como vasos comunicantes. Como las autonomías tendrán una mayor cesta de impuestos y captarán más recursos, el Estado central tendrá por tanto que aportar menos.
Financiar sólo servicios esenciales
Y ahí vuelve la polémica. Algunas autonomías, las más pujantes, defienden el concepto novedoso de nivelación parcial, que significa que el sistema autonómico sólo financiaría los servicios más esenciales del Estado de bienestar en las autonomías: salud, educación y servicios sociales. Cataluña añade que el resto de la solidaridad territorial debe costearlo directamente el Estado con fondos fuera del sistema.
Para el secretario de Estado, la nivelación parcial será uno de los temas "más complicados y difíciles", ya que el término "levanta suspicacias" entre algunas comunidades autónomas.
Son algo más que suspicacias. Los territorios menos dinámicos denuncian la insolidaridad de adoptar una medida de este calibre, que les perjudica de lleno. Aseguran que son ellos los que tienen más necesidades de gasto para garantizar los servicios y prestaciones a sus ciudadanos.
Menos problemas tendrá la petición de algunas comunidades para incrementar el Fondo de Compensación Interterritorial, un instrumento destinado a corregir desequilibrios entre las comunidades autónomas y que hasta ahora está medio congelado. El destino de este fondo son inversiones en infraestructuras y aumentarlo paliaría en parte la pérdida prevista de fondos europeos para los próximos años.
Patrimonio y céntimo sanitario
Un debate muy agrio el que se espera, durante el cual el gobierno tendrá también que acordar con las autonomías una compensación por la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, un gravamen que ingresan las regiones.
Lo mismo debería ocurrir si al final la Comisión Europea obliga a España a eliminar el conocido como céntimo sanitario, un impuesto que algunas autonomías imponen al precio de venta del carburante para financiar mejor su red sanitaria. De todos modos, el Ejecutivo socialista ha iniciado "una discusión al más alto nivel" para que Bruselas entienda la postura española. "Estamos decididos a que esto no afecte a la financiación", dice Ocaña.
Hasta el 2006, los recursos obtenidos por las comunidades autónomas superaron por primera vez los 100.000 millones de euros. De esta cifra, el 79%, casi 87.000 millones, los puso la Administración General del Estado. Con este dinero los territorios autonómicos financian más del 70% de sus políticas.