El ministro de Fomento, José Blanco, ha rechazado las acusaciones realizadas por el industrial farmacéutico Jorge Dorribo, quien aseguró durante su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo en el marco del proceso judicial que se sigue en su contra, que pagó al ministro 400.000 euros en metálico y en facturas infladas a cambio de recibir ayudas públicas, según publica este martes el diario 'El Mundo'.
A través de un comunicado divulgado esta madrugada, recogido por Europa Press, Blanco asegura que estas acusaciones "son total y absolutamente falsas", por lo que confía en que el proceso judicial contra su responsable "concluirá con la falsedad" de las mismas.
Además, el ministro ha adelantado que emprenderá "las acciones civiles y penales a las que hubiera lugar para defender su honor y restablecer la verdad".
Según publica El Mundo, el empresario lucense, propietario de la farmacéutica Laboratorios Nupel y acusado de delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capital y fraude fiscal, asevera que Blanco realizó gestiones ante Hacienda para que la Dirección de Ayudas Regionales subvencionase con 467.267 euros a sus empresas.
Dorribo declaró haber realizado el pago de los 400.000 euros en metálico mediante la contratación de servicios en las empresas Proitec, dedicada a la consultoría y la encargada de realizar los informes ante la Xunta para que el empresario recibiera las ayudas públicas, y Electricidad Espiñeira y Bran, propiedad, según El Mundo, de un primo político del ministro, Manuel Bran.
RECIBIÓ 5,6 MILLONES DE EUROS
Las revelaciones de Dorribo, negadas por Blanco, y según las cuales sus empresas habrían recibido un total de 5,6 millones de euros en concepto de ayudas públicas y créditos, afectan también al ex consejero de Industria de la Xunta Fernando Blanco, en la actualidad integrante de la Asamblea de Galicia por el BNG, y al parlamentario del PP de Galicia Pablo Cobián.
Ante la presunta implicación de estos cargos, el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo ha decidido remitir la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que se ha declarado competente, y que, en los próximos días, elevará el caso al Supremo, según el diario.
Dorribo habría optado por revelar estos datos a cambio de conseguir la libertad provisional, contrapartida que obtuvo el pasado mes de agosto tras realizar el día 8 ante la juez Estela San José Asensio dichas acusaciones.