Blasco ha llegado al tribunal valenciano casi dos horas antes de la cita de la vista --programada a las 10.00 horas--, acompañado por su abogado, Javier Boix.
El tribunal valenciano ha previsto esta convocatoria tras solicitarlo Fiscalía Anticorrupción, ya que se plantea solicitar medidas cautelares para los condenados en esta primera pieza, en la que se han juzgado irregularidades en la concesión de ayudas a la Fundación Cyes en el año 2008 para proyectos en Nicaragua. El ministerio público se plantea esta posibilidad hasta que se declare firme la sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Supremo.
El primero en tener que acudir al tribunal valenciano es Rafael Blasco, condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial.
A Blasco le seguirá, a las 10.15 horas, la ex secretaria general de la Consejería Tina Sanjuán, condenada a siete años, seis meses y un día de cárcel, así como a 17 años y medio de inhabilitación; luego asistirá, a las 10.30 horas, el exjefe del Servicio de Cooperación, Marc Llinares, condenado a cuatro años, seis meses y un día de cárcel.
Posteriormente, a las 10.45 horas, se prevé la comparecencia del exsubsecretario Alexandre Català, condenado también a cuatro años y medio de prisión; a las 11.00 horas lo hará el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, condenado a tres años de cárcel; a las 11.15 horas el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, al que se le fijaron cuatro años de prisión; y a las 11.30 una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás, condenada a tres años y seis meses.
En relación con el cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, único en prisión por esta causa, y condenado a la misma pena que a Blasco, la Sala pide al ministerio público que vista su situación personal, aclare el sentido de su petición. Al ex director general Josep María Felip no se le cita puesto que fue el único al que no se le impuso cárcel, sino una pena de siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.