El etarra Josu Uribetxeberría Bolinaga llevaba 581 en libertad condicional que, a instancias del Ministerio de Interior, le concedió la Audiencia Nacional el 30 de agosto de 2012. Esta decisión se adoptó entonces atendiendo a los informes médicos, que le daban una esperanza de vida de un año. Este jueves, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha revocado esta decisión y ha acordado la "prisión provisional incondicional y comunicada" del terrorista por el asesinato del cabo de la Guardia Civil Antonio Ramos, que se produjo en Mondragón (Guipúzcoa) en 1986. No obstante, podrá cumplir esta disposición en su domicilio como hasta ahora, pero sometido a medidas de vigilancia.
El secuestrador de Ortega Lara comenzó el recorrido hacia su excarcelación el 1 de agosto de 2012 cuando Instituciones Penitenciarias decidió trasladarle al Hospital de San Sebastián desde el centro hospitalario de León, provincia en la que cumplía su condena. Prisiones justificó esta decisión en la conveniencia de que el etarra fuese tratado de su cáncer por el mismo equipo de facultativos que le atendió en junio de 2005 de la misma enfermedad. Por aquellas fechas, esta dolencia provocó que permaneciera en la prisión de Nanclares de Oca (Álava) desde mayo de 2005 hasta noviembre de 2009, según los datos recopilados por Europa Press.
El 17 de ese mes de agosto y después de que Bolinaga y todo el colectivo de presos de ETA iniciase una huelga de hambre para exigir la libertad del terrorista, Prisiones concedido el tercer grado al secuestrador de Ortega Lara por "razones humanitarias". "A pesar de la entidad de los delitos cometidos por el penado, resulta indudable que tanto la gravedad de la enfermedad, su previsible evolución, así como las características del tratamiento mitigan extraordinariamente la peligrosidad del recluso y anulan prácticamente el riesgo de reincidencia", explicaron entonces.
Además esta clasificación de tercer grado de tratamiento se dictó a los exclusivos efectos de que se confeccionase el expediente de libertad condicional por enfermedad. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró en su momento que haber actuado de forma diferente "habría sido prevaricar". La decisión de Prisiones se produjo después de que el parte médico del centro sanitario pronosticase que el etarra tenía un 90 por ciento de posibilidades de morir en el plazo de un año.
HOMENAJEADO A SU LLEGADA A MONDRAGÓN
Finalmente el juez Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, aceptó el 30 de agosto la puesta en libertad condicional del etarra en contra del criterio de la Fiscalía, que sostenía que podía ser tratado en Prisión y que en ese momento no había riesgo de muerte. Esta libertad fue confirmada por la Sala de lo Penal el 12 de agosto. Bolinaga abandonó el hospital el 23 de octubre tras recibir el alta hospitalaria y regresó a su casa del municipio guipuzcoano de Mondragón. A su llegada fue homenajeado por decenas de personas.
En enero de 2013, a raíz de un vídeo difundido por 'Intereconomía' y el diario 'La Gaceta' en el que el etarra aseguraba no renegar de su militancia en ETA, Prisiones solicitó a la Audiencia Nacional que estudiase si Bolinaga había violado alguno de los requisitos de la libertad condicional. "Sé que causé daño, pero no me arrepiento", afirmaba el recluso, pero el juez no lo consideró suficiente para revocar su situación.
En junio de ese mismo año, Prisiones solicitó a la Audiencia Nacional un nuevo informe médico para conocer el estado de Bolinaga a efectos de que el juez tuviese elementos suficientes decidir si le mantenía en libertad o le devolvía a Prisión. Aquel informe, elaborado por el Hospital de San Sebastián, dijo que el etarra había atravesado esos meses por dos situaciones límite por una trombosis y una hidrocefalia y no arrojaba ninguna mejoría en su estado de salud con respecto a agosto.
Tanto la Fiscalía como las víctimas no otorgaron credibilidad a este estudio elaborado por el Servicio Vasco de Salud y solicitaron un nuevo informe independiente. El juez accedió y encargó un estudio al Instituto de Medicina Legal Órganos Jurisdicción Estatal, dependiente del Ministerio de Justicia, que en octubre concluyó que el estado de salud del secuestrador de Ortega Lara había empeorado y desaconsejaban su regreso a la cárcel.
Según este informe definitivo, los forenses otorgaban al etarra una esperanza de vida de entre tres y cuatro meses, si bien no excluían que pudiese fallecer en cualquier momento producto de los riesgos de un nuevo tratamiento al que había aceptado someterse. Bolinaga volvió a superar esa esperanza de vida el pasado mes de febrero.