Así lo ha asegurado a Europa Press el secretario general de AUME, Mariano Casado, quien se desplaza a estas horas hasta la base de Colmenar Viejo, donde se encuentra el establecimiento disciplinario militar centro, para visitar al presidente de la asociación mayoritaria de miembros de las Fuerzas Armadas.
Ahí deberá cumplir la sanción impuesta por el Ejército de Tierra por unas declaraciones que hizo en julio de 2012 en EsRadio y ABC-Punto Radio, en las que criticar los recortes, después de que el Gobierno decidiera eliminar la paga extra de los funcionarios. Bravo defendió que si se eliminaran "gastos superfluos" como festejos y actos públicos, se podrían evitar otros recortes en retribuciones a los militares.
En la resolución, que dicta el general jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Cuartel General del Ejército de Tierra, se considera que sus declaraciones constituyen "una conducta pluriofensiva", en la que "además de la disciplina, se ataca la incolumidad de los cauces reglados establecidos para dirimir procedimentalmente los conflictos en el ámbito castrense".
En concreto, considera que ha cometido una falta grave, al vulnerar el artículo de la Ley de Régimen Disciplinario que prohíbe "hacer declaraciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas; realizarlas a través de los medios de comunicación social o formularlas con carácter colectivo".
Según ha anunciado Casado, AUME va a presentar un recurso de alzada ante el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Jaime Domínguez Buj, aunque esta medida no suspende el cumplimiento de la sanción.
El portavoz de la asociación ha asegurado además que esta "patada en la boca" a las asociaciones profesionales de militares no va a callarles. "Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir hablando", ha afirmado.
Según ha explicado, Bravo "es una persona fuerte", que "sabe que la lucha por los derechos de los militares es dura". Lo que le "duele", ha dicho, es ver que en estos momentos, tras los avances conseguidos en la representatividad de los militares, se "recurre" a una norma del 98, que ha sido "superada" por la Ley de Derechos y Deberes de los militares.
Éste es el segundo arresto que se le impone al presidente de AUME por declaraciones a los medios. En concreto, se le castigó a un mes y un día de arresto por criticar, en marzo de 2006, la gestión tras el accidente del helicóptero Cougar en Afganistán en el que murieron 17 militares. Bravo denunció en una rueda de prensa que se habían adoptado "medidas especiales para acallar y limitar la libertad de expresión de los soldados". Además, se le impuso otro arresto de un mes y diez días por asistir a una manifestación de guardias civiles en enero de 2007 en Madrid.