"La misión técnica que la Comisión envió ayer a Gibraltar ha concluido. Desde nuestro punto de vista se desarrollado bien y agradecemos a las autoridades españolas y de Gibraltar su colaboración", ha declarado en rueda de prensa el portavoz comunitario Olivier Bailly.
Ahora empieza un periodo de análisis de la información recogida sobre el terreno y también de "otros elementos" recabados por el Ejecutivo comunitario en las últimas semanas, para determinar si el endurecimiento de los controles se ajusta a las normas comunitarias, tal y como reclamó Reino Unido. A petición de España, también examinan los problemas de contrabando, como exigió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
"No tenemos plazos para entregar nuestras conclusiones, por lo que no puedo informar de un calendario sobre la conclusión de nuestro análisis, ni tampoco puedo confirmar la forma que tendrá", ha añadido el portavoz.
Los plazos "dependerán del contenido de las conclusiones" y, sobe esa base, Bruselas decidirá los pasos a seguir.
Los inspectores comunitarios, sin embargo, no se han ocupado de las cuestiones medioambientales que el Gobierno español trató de que fueran incluidas en el mandato de la misión.
Las quejas formalmente cursadas por España ante Bruselas por el lanzamiento de 70 bloques de hormigón en la bahía de Algeciras y por el uso de arena para rellenar la costa están siendo estudiadas "en paralelo", ha recordado Bailly, para lo que el Ejecutivo comunitario ha solicitado información detallada a las autoridades españolas y británicas.
La misión tampoco abordará el fraude fiscal en su examen, como pretendía España, porque no forma parte de su mandato y porque no ha habido ninguna queja "oficial" sobre este punto, ha concluido el portavoz.