La Abogacía General de la Comunidad de Madrid detectó en el proyecto incumplimientos de "diversas irregularidades, entre las que destacan las relativas a adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público".
Asimismo se recogió el abono de 90 millones de euros por la construcción y urbanización de edificios. De estos inmuebles "sólo hay uno concluido que, no obstante, no puede ser utilizado, así como diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal".
La idea inicial era concentrar todos los organismos judiciales en el municipio de Valdebebas. Un proyecto que se paralizó cuando tan solo se había construido un edificio, el cual no se puede utilizar por irregularidades contables. Fue el Ejecutivo regional, con Cristina Cifuentes a la cabeza, quien el pasado mes de abril presentó la denuncia ante la Fiscalia Anticorrupción, la cual ahora ha sido admitida a trámite.