Con esta modificación, según Rojas, el Ejecutivo canario ha optado por impulsar una medida estructural de "gran envergadura" que permitirá a la Comunidad Autónoma intervenir en el mercado libre e impedir que las entidades bancarias incrementen el número de viviendas vacías.
La consejera ha explicado que este proyecto de ley es fruto de una trayectoria "progresista y social" en materia de vivienda, con "clara vocación" de servicio público y atención a las familias con más dificultades.
Rojas resaltó que Canarias cuenta con 45.000 viviendas protegidas de promoción pública censadas, lo que convierte al archipiélago en la segunda comunidad --después del País Vasco-- con mayor número de viviendas sociales.
Añadió, además, que las gestiones realizadas en los últimos tres meses han permitido entregar una vivienda en alquiler social a 324 familias, y 280 ya han alquilado o reservado alguna de las que la empresa Visocan construyó para la venta.