"No comparto la idea de que eso signifique ningún deterioro", ha expuesto Catalá en una rueda de prensa en la capital europea, durante un receso de una reunión de ministros de Justicia de la Unión Europea.
El titular español de Justicia ha insistido en que el proceso que se ha seguido en este caso sigue el "normal funcionamiento" del sistema de cooperación entre Estados miembros, cuando alguien "huido de manera vergonzante de sus responsabilidades judiciales" en España se instala en otro país de la UE.
El juez del Supremo Pablo Llarena valoró el modo en que la ejecución parcial de esta euroorden tendría en el procedimiento, ante el riesgo de no poder juzgar a los requeridos por los mismos delitos que los que siguen en España renunció a la petición de entrega europea "sin perjuicio de que en el futuro la pueda volver a requerir", ha dicho el ministro.
Catalá ha insistido así en que se trata de una decisión procesal que "en nada afecta al prestigio" del sistema judicial español, del que forman parte 5.500 jueces "independientes" que hacen un "magnífico trabajo".
Además, el ministro ha asegurado que ha recibido el "apoyo" de sus colegas europeos en cuanto a que España es un Estado de derecho en el que los derechos de sus ciudadanos están "salvaguardados", en especial de aquellos con los que ha conversado en bilateral como los titulares de Italia, Portugal, Francia y Luxemburgo.
Con su colega belga no ha tenido la oportunidad de hablar, ha precisado, porque este no ha acudido a la reunión europea por razones de agenda, aunque ha avisado de que tienen poco que discutir sobre la situación de Puigdemont, dado que se trata de un asunto judicial en el que no interfieren los Gobiernos.
"No ha habido y no hay ninguna duda por parte de los gobiernos amigos, ni de las instituciones europeas", ha asegurado Catalá, para después recordar que desde la UE han llegado "declaraciones firmes de apoyo" a España como Estado de derecho y a su democracia.