Así lo ha explicado en rueda de prensa tras el Consell Executiu el conseller de Presidencia, Francesc Homs, que ha precisado que el nuevo representante permanente del Govern ante la UE, Amadeu Altafaj, será el encargado de comunicar estos casos a las instituciones europeas, hacer un seguimiento de ellas e ir informando al Govern.
Según Homs, esta decisión es consecuencia de "una experiencia acumulada de estos dos últimos años al constatar que, de forma reiterada y hasta descarada", el Gobierno no respeta todas las normativas europeas.
Aunque es una práctica que ya han llevado a cabo, el también portavoz del ejecutivo de Mas ha asegurado que lo harán de forma más sistematizada y coordinada porque tienen la impresión de que el Estado "no ha interiorizado el hecho de formar parte de la UE".
"El Gobierno, que es tan exigente en tantas cosas aunque de forma arbitraria, no es de los primeros en hacer lo mismo con la normativa europea", ha sostenido Homs, tras defender que tienen la obligación de velar por las decisiones que se toman desde la UE.
De acuerdo con los tratados de la UE, la CE es la institución que tiene asignada la función de velar por la correcta aplicación del derecho de la UE y de supervisar que los Estados miembros no incumplen sus obligaciones.
Entre los aspectos que ya han llevado a la UE está la indemnización de la plataforma Castor, la impugnación del decreto de pobreza energética y la distribución interna de los objetivos de déficit a partir de los mandatos europeos, entre otros.