La Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Zaragoza mantienen tres causas judiciales abiertas en las que se dilucidan posibles responsabilidades penales y civiles en el accidente del avión Yakovlev-42. El Tribunal Supremo deberá decidir este lunes si imputa al ex ministro de Defensa, Federico Trillo, por un delito de imprudencia con resultado de muerte en la causa en la que se investiga el accidente del Yak-42
Fernando Grande-Marlaska trasladó un escrito al Tribunal Supremo en el que defendía que Trillo carece de responsabilidad penal en la contratación del Yak-42 porque no participó en esta tarea, que correspondió exclusivamente al Estado Mayor Conjunto (EMACON), y pidió al Supremo que tome ya una decisión días atrás. El juez ha imputado a cinco mandos militares que se encontraban en la cúpula militar del Ministerio de Defensa cuando se produjo el accidente y que tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional el 23 y 24 de junio.
En la actualidad la Audiencia Nacional mantiene abiertas otras dos causas sobre este asunto, una que investiga las presuntas irregularidades que pudieron producirse en la contratación del aparato y otra que analiza los errores que se cometieron en la identificación de 30 de los 62 cadáveres. Por su parte, la Audiencia de Zaragoza dilucida por la vía civil la concesión de indemnizaciones a las familias de las víctimas.
Falsificación de documento
En la causa correspondiente a la identificación de los cadáveres, la Fiscalía acusará antes del próximo miércoles de un delito de falsificación de documento público, penado con multa y suspensión de cargo público de seis meses a un año, a los tres mandos militares que se encargaron de las tareas de repatriación de los cuerpos, según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
El fiscal solicitó la reapertura de la causa, archivada por Grande-Marlaska el 22 de noviembre de 2007, al entender que los mandos militares incurrieron en "dolo falsario" porque realizaron las identificaciones de forma "arbitraria" y a sabiendas de que eran "incorrectas". Grande-Marlaska acordó el pasado 29 de abril la reapertura de la causa "por mandato de la superioridad" apenas unas horas después de que la Sala de lo Penal le obligara a adoptar esta medida. LA