El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará este martes, a las 11.30 horas, un pleno extraordinario para analizar los efectos que tendrá la Ley de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y reprobar la "escasa colaboración" del Ministerio de Justicia en esta materia, según informaron a Europa Press fuentes de este órgano.
El órgano de gobierno de los jueces respeta la Ley reguladora del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que fue aprobada el pasado jueves por el Congreso de los Diputados, aunque considera que recorta sus competencias relacionadas con la compatibilidad de sistemas informáticos.
Por este motivo, varios vocales han solicitado convocar una sesión plenaria extraordinaria para emitir un texto en que pondrán en cuestión el papel del Departamento que dirige Francisco Caamaño.
La Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al Consejo la competencia de aprobar previamente los programas y aplicaciones informáticos que se utilizan en la Administración de Justicia así como la función de garantizar la compatibilidad de tales sistemas con el fin de asegurar su comunicación e integración.
Sin embargo, la nueva norma otorga a una comisión en la que intervienen representantes del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial materias relacionadas con el control de los sistemas informáticos.
PRIMACÍA DE LA LOPJ
Para el CGPJ, la ley reguladora del Uso de las Tecnologías en la Administración de Justicia "se tiene que interpretar a la luz de la Ley Orgánica del Poder Judicial", de rango superior. Además, el órgano de gobierno de los jueces ha subrayado su amplia experiencia en esta materia y, por ello, ha mostrado su descontento por que Justicia no aproveche este potencial.
El Pleno del Congreso de los Diputados dio el pasado jueves vía libre a esta nueva ley, que fija un plazo de cinco años para que los tribunales tramiten por vía electrónica todos los procedimientos judiciales y abandonen definitivamente el formato papel.
Sin embargo, durante la votación rechazó varias enmiendas que había introducido el Senado y que disponían que los sistemas de interoperabilidad y seguridad en la Administración de Justicia debían conservar los datos de acuerdo a los términos establecidos en el Documento de Seguridad aprobado por el Pleno del CGPJ el 13 de septiembre de 2007.
Con los votos del PSOE, la Cámara Baja también rechazó otra iniciativa que fijaba que sería el CGPJ el órgano encargado de aprobar las guías de interoperabilidad y seguridad que afecten a la compatibilidad de los sistemas informáticos, en los términos previstos en el artículo 230.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.