El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) modificará la gestión de los desplazamientos de sus altos cargos tras estudiarse en el Pleno un escrito firmado por nueve vocales en el que se solicita que sus viajes en territorio nacional dejen de someterse a la autorización previa de la Comisión Permanente.
Pedían poder justificar sus gastos posteriormente y no tener que esperar a que la Comisión Permanente les de permiso. Tras estudiarse estas petición en el Pleno se ha llegado a una solución intermedia que pasa porque los vocales comuniquen con carácter previo sus desplazamientos a la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo, a los efectos de fiscalización del gasto.
Las comunicaciones efectuadas a la Comisión de Asuntos Económicos se reflejarán en el Portal de Transparencia del CGPJ, que desde el 2 de julio de 2014 actualiza trimestralmente la información sobre esos viajes, de modo que cualquier ciudadano podrá conocer el motivo y destino de los mismos y los gastos de desplazamiento, alojamiento y/o manutención que hayan ocasionado.
La propuesta llegó al Pleno firmada por los vocales Roser Bach, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez, y en ella se afirmaba que la exigencia de autorización previa "supone fiscalización, también injustificada, de su actividad".
El asunto tiene que ver con el régimen de comisiones de servicio de los altos cargos del Consejo, aprobado por unanimidad el 28 de enero de 2014 por la Comisión Permanente, en el punto relativo a las normas sobre viajes y gastos de carácter protocolario.
La modificación se extendió entonces los desplazamientos dentro del territorio nacional el requisito de autorización previa, que hasta entonces sólo se exigía si el destino era el extranjero.
DIFERENCIAS CON DÍVAR
El control lo inauguró el propio presidente, Carlos Lesmes, diez días antes de que se aprobara el nuevo régimen el 28 de enero de 2014. Se trataba de establecer una clara diferencia entre el nuevo Consejo y lo ocurrido con el anterior presidente Carlos Dívar, que fue el primer presidente del órgano de gobierno de los jueces en presentar su renuncia tras la publicación en prensa de aspectos poco claros en relación con viajes que realizó en fin de semana a cargo de la institución.
En opinión de los nueve vocales firmantes del escrito, "carece de base legal y reglamentaria alguna que justifique que los viajes en territorio nacional o la asistencia a la sede del Consejo por parte de los vocales, permanentes y no permanentes, se someta a la autorización previa de la Comisión Permanente".