Yuste ha presentado esta iniciativa a raíz de la respuesta a una pregunta que formuló al Gobierno de España en la que el Ejecutivo reconoció que la esposa del ministro fue escoltada por las Fuerzas de Seguridad durante un viaje privado que realizó el pasado mes de abril desde Zaragoza a la localidad navarra de Fitero.
La esposa del Fernández Díaz "tuvo trato VIP", lo que generó malestar en ámbitos policiales. Chesús Yuste ha restado valor a la explicación aportada desde el Ejecutivo, que se ha remitido a la Instrucción 3/2012.
El parlamentario de Chunta ha señalado al respecto que esta instrucción ministerial señala que "durante los últimos años, la progresiva disminución de la capacidad operativa de la banda terrorista ETA ha llevado aparejada una disminución de la amenaza que se cierne sobre gran parte de estas personas".
"Además --indica-- es preciso optimizar los recursos destinados a proporcionar estos servicios, lo que permitirá recuperar para otros cometidos gran parte de los efectivos policiales dedicados a protecciones".
Por este motivo, esa instrucción determina que la seguridad "solo se proporcione a quien realmente lo requiera en atención a sus circunstancias personales y al grado de amenaza real que soporta, minimizando al mismo tiempo el catálogo de autoridades que deben contar con servicio de protección por razón exclusiva del cargo que ocupan", ha indicado Yuste.
Por este motivo, el parlamentario de La izquierda de Aragón ha exigido que el ministro explique en la Comisión cuáles son los criterios reales que se utilizan, si este tipo de servicios a familiares, sin la presencia del ministro, se realizan siempre que se solicitan, cuál fue el coste económico de este servicio en concreto, el número de efectivos policiales que se vieron implicados en el mismo, así como el número de horas que estuvieron realizando este servicio de escolta a la esposa del ministro del Interior.
Finalmente, Chesús Yuste ha considerado que "en estos momentos donde se piden sacrificios a la ciudadanía en servicios esenciales como educación, sanidad y servicios sociales, es indignante que se utilicen recursos públicos para servicios privados".