Después de 42 años debatiendo sobre si Garoña es peligrosa o no, lo que provoca su cierre no es la seguridad, sino el dinero. Sus dueños, Endesa e Iberdrola, aseguran que ya no es rentable a causa de los nuevos impuestos sobre los residuos nucleares, que les obligan a pagar más y a reformar la central. Esa normativa entró en vigor en enero y ya entonces decidieron parar de forma provisional la actividad. Ahora, han dejado que les caduque la licencia sin pedir una prórroga. Es un contratiempo para el gobierno, que quería que Garoña siguiera funcionando seis años más. Por eso, la vicepresidenta anunció este viernes que la central podrá reabrir en el plazo de un año, si le interesa.
"Como no se ha cerrado por seguridad, sino por razones económicas, modificaremos el reglamento para contribuir a que se pueda continuar por la actividad si fuera posible", dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Los dueños no lo descartan y de hecho mantienen a sus 300 empleados. Quieren esperar a ver si la reforma energética que prepara el gobierno les beneficia.