Los 21 concejales --14 de CiU, cinco de ICV-EUiA y dos de UpB-- se han adherido al manifiesto que señala como responsable al Gobierno central "de vulnerar el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro político al impedir el ejercicio de la democracia mediante un referéndum o consulta homologable internacionalmente".
"Constatamos la falta de voluntad política por parte del Gobierno español para establecer marcos de diálogo y negociación, y también constatamos su negativa permanente a hacer posible el ejercicio del derecho a decidir del pueblo catalán", añade el documento.
Defiende que Cataluña tiene carácter de sujeto político jurídico soberano, y critica que la actitud del Gobierno central representa "una decidida involución política y democrática, claramente dirigida a debilitar el autogobierno catalán".
Un total de 161 cargos electos en ayuntamientos y las diputaciones catalanas, el Parlament, el Congreso, el Senado y la Eurocámara también se adhirieron a la recogida de firmas contra la negativa del Ejecutivo central el pasado miércoles.