En concreto, en una de las enmiendas parciales que ha registrado en el Congreso, a las que ha tenido acceso Europa Press, los nacionalistas catalanes proponen sacar del catálogo de estos delitos los que tengan como finalidad "suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo".
Para CiU, esa redacción propuesta por PP y PSOE, "conlleva un alto grado de indeterminación", puesto que "las conductas descritas no quedan suficientemente predeterminadas en la norma" y pueden "dar lugar a dudas e inseguridad jurídica en su aplicación".
Además, los nacionalistas recalcan que "debe tenerse en cuenta que son los medios y no la finalidad los que convierten el terrorismo en delito, atendiendo a que en un sistema democrático pueden existir opciones políticas que, de forma legítima y pacífica, defiendan un cambio estructural o incluso total del orden constitucional".
NO CRIMINALIZAR FINALIDADES POLÍTICAS
"En democracia no se criminalizan finalidades políticas, sino --en su caso-- las formas violentas en que éstas se pretendan conseguir (en el caso del terrorismo, el terror)", argumentan en la justificación de esta enmienda.
En otra de sus enmiendas, platean que los nuevos delitos informáticos vinculados con el terrorismo se limiten a aquellos que puedan suponer "una destrucción masiva de los sistemas informáticos, especialmente los gubernamentales", siguiendo el patrón marcado por la Decisión Marco del Consejo de Europa en esta materia.
Además, CiU enmienda el artículo que hace referencia a la prisión permanente revisable, ante la que reitera su "categórico rechazo"-- para que se sustituya por la vigente pena de "veinte a treinta años" si se acusa la muerte de una persona.