Así lo expone en una proposición no de ley, en la que los de Albert Rivera plantean que, si bien el organismo fiscalizador difunde la labor de fiscalización que lleva a cabo a las instituciones públicas, no existe una competencia sancionadora que coercitivamente obligue de manera más efectiva al cumplimiento de las recomendaciones que incluye en sus informes.
Y no existe, por tanto, un mecanismo de comunicación por el cual se pueda hacer un seguimiento de las correcciones, las actuaciones y la efectividad de los organismos señalados por el Tribunal de Cuentas, añaden.
PARA QUE SE SIENTAN "PRESIONADAS"
Por ello, el partido naranja ve conveniente que el Tribunal de Cuentas, al igual que hacen públicos sus informes y resoluciones, publicite también el seguimiento de los organismos y entidades fiscalizadas a las cuales se les realiza una recomendación, una reiteración o un cambio de conducta.
De esta forma, los ciudadanos, los medios de comunicación y los propios organismos podrán conocer la evolución de la efectividad de éstas y su grado de cumplimiento, pudiendo ejercer "presión" sobre las instituciones fiscalizadas.