En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia ha presentado un informe realizado por expertos que tiene "plenamente encaje constitucional", según un estudio del Consejo de Estado que aseguraba que la figura de la prisión permanente revisable no vulnera el principio de la reinserción y reeducación del reo.
Según Gallardón, el propósito de endurecer el castigo en delitos "especialmente reprochables" es el que ha impulsado la modificación de la normativa penal.
Entre las principales novedades del texto, se impone la nueva pena a casos de magnicidio del jefe del Estado español o de jefes de Estado extranjeros que se encuentren en España, así como algunos casos de genocidio con resultado de muerte o violaciones masivas.
Además de los delitos de terrorismo, a los que el ministro ya había hecho mención en anteriores ocasiones, el informe plantea el "máximo reproche penal" en determinados actos de tal "brutalidad" en los que las víctimas sean menores de 16 años, o personas con discapacidad especialmente vulnerables y que tras la agresión sexual se produzca el asesinato.
De todos modos, el ministro ha asegurado que existe un número mínimo de años para que el preso pueda conseguir la libertad condicional. Este periodo puede oscilar entre "25 o 30 años" dependiendo de las características del caso y nunca será "antes de como lo regula el Código Penal vigente".