Este órgano consultivo presidido por la fiscal general, Consuelo Madrigal, retomará el informe sobre el estado actual de la revisión de todas las causas para determinar si llegan a tiempo de calificarlas como complejas o no complejas, tal y como les obliga el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que fija el 6 de junio como plazo límite.
El presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Rafael Lara Hernández, se ha unido de esta forma a las críticas que ya han hecho sindicatos de los antiguos secretarios judiciales por las manifestaciones vertidas desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
La UPF reconoció la "imposibilidad" de controlar esos plazos, entre otras razones, por "la nula colaboración recibida por los letrados de la administración de justicia, a quienes legalmente corresponde la obligación de controlar los términos judiciales". Según los letrados, tal afirmación es incorrecta y son los fiscales los que tienen el mandato legal de estudiar cada causa, de acuerdo a la circular 5/2015 de la Fiscalía General .
"Rechazamos enérgicamente las opiniones manifestadas desde la UPF", señala el Colegio de Letrados, que añaden que los representantes del Ministerio Público "no pueden pretender hacerles responsables de los inconvenientes que sufren para cumplir con el mandato legal".
El Colegio de Letrados pide a los fiscales que no les culpen de la imposibilidad de revisar la complejidad de las causas
i.- Letrados dicen no tener culpa de los inconvenientes para revisar la complejidad de causas
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha pedido a los fiscales que no culpen a este cuerpo de la imposibilidad de cumplir el mandato legal para calificar antes del 6 de junio la complejidad o no de las causas, una cuestión que este miércoles volverá a ser analizado por el Consejo Fiscal.
Este órgano consultivo presidido por la fiscal general, Consuelo Madrigal, retomará el informe sobre el estado actual de la revisión de todas las causas para determinar si llega a tiempo de calificarlas como complejas o no complejas, tal y como le obliga el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que fija el 6 de junio como plazo límite.
El presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Rafael Lara Hernández, se ha unido de esta forma a las críticas que ya han hecho sindicatos de los antiguos secretarios judiciales por las manifestaciones vertidas desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
La UPF reconoció la "imposibilidad" de controlar esos plazos, entre otras razones, por "la nula colaboración recibida por los letrados de la administración de justicia, a quienes legalmente corresponde la obligación de controlar los términos judiciales". Según los letrados, tal afirmación es incorrecta y son los fiscales los que tienen el mandato legal de estudiar cada causa, de acuerdo a la circular 5/2015 de la Fiscalía General .
En este sentido, añaden que los letrados no tienen las facultades de la Fiscalía General de Estado para atender a las demandas sobre una mayor dotación de medios o de programas informáticos que faciliten este trabajo de revisión de todas las causas judiciales, algo que, recuerdan, corresponde supervisar en última instancia a la Administración.