En el orden del día de la comisión hay dos puntos: el plan de trabajo y elegir como nuevo presidente a Lluís Llach (JxSí), que sustituirá a Muriel Casals, que falleció el mes pasado tras ser atropellada por una bicicleta en Barcelona.
Fuentes parlamentarias han explicado que, además, se abordará el plan de trabajo de la comisión y su calendarización, que todavía se tiene que acabar de discutir con los grupos.
En la comisión participan JxSí, la CUP, SíQueEsPot y el PP, mientras que PSC y C's han decidido ausentarse porque no comparten el objetivo de la comisión, ya que consideran que sirve para diseñar el camino hacia la independencia.
El recorrido judicial de la comisión empezó cuando el Gobierno central decidió impugnarla ante el alto tribunal, alegando que infringe la sentencia del mismo TC en la que anuló la resolución soberanista aprobada por la cámara el 9 de noviembre de 2015.
El Parlament alegó que la iniciativa "no puede ser considerada como un acto que deriva" de la resolución, y defendió que las comisiones de estudio forman parte de las atribuciones más elementales del parlamentarismo.
La semana pasada, el TC admitió a trámite la petición del Gobierno de aplicar un incidente de ejecución de sentencia dirigido a impedir la actividad de la comisión, aunque todavía no ha decidido sobre ella.
Es la primera vez que se opta por la vía de la aplicación del artículo 92 de la llamada 'reforma exprés' del tribunal de garantías dirigida a asegurar el cumplimiento de sus sentencias.
El artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), vigente desde octubre, establece que el Tribunal velará por el cumplimiento efectivo de su resolución y podrá disponer en la sentencia, en la resolución o en actos posteriores "las medidas de ejecución necesarias", pero a diferencia de un recurso, no lleva aparejada la suspensión.