El magistrado ha anulado la celebración de la vistilla de revisión de medidas cautelares tras estimar los recursos presentados por sus defensas contra la providencia en la que se les citaba para el 17 de junio.
En el marco de la causa abierta por la Audiencia Nacional para investigar los créditos que la entidad concedió al expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés, la Plataforma CAM --que representa a titulares de preferentes, subordinadas y cuotas participativas vendidas por la extinta Caja Mediterráneo-- solicitó el pasado 18 de mayo al juez "el ingreso en prisión de los querellados e imputados".
En este escrito, el colectivo de afectados además proponía "de forma sustitutoria, la medida cautelar de colocarles la pulsera telemática en el pie para evitar su posible huida", dado que, parte de los exdirectivos "no habían presentado fianza alguna de la impuesta por el juzgado", que ascendía a 25 millones de euros para cada uno.
Con ello, la Plataforma CAM pretendía facilitar la localización de los exmiembros de la cúpula de CAM y evitar su intermediación en las pruebas, ya que, --según indicaba esta parte en su escrito--, en las actuaciones penales hay constancia de los "frecuentes correos informáticos que se cruzaron los imputados".
En una providencia fechada el pasado 27 de mayo, el magistrado Gómez Bermúdez accedió en un primer momento la petición de Plataforma CAM y ordenó a López Abad, Amorós y Soriano a que acudan a las 10.00 horas del día 17 de junio a fin de realizar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.