Según los datos del último informe sobre la reordenación del sector público autonómico con datos del 1 de enero, el conjunto de las Comunidades Autónomas habían disuelto hasta esa fecha 307 entidades, mientras que las 226 restantes estaban en proceso de extinción.
En cuanto a estas últimas, 31 correspondían a bajas efectivas, 92 a procesos de liquidación o disolución y las 103 restantes habían cesado sus actividades.
El compromiso de cese de actividad se rebajó de 525, fijado en el informe anterior, a 515 debido a que de acuerdo a la nueva normativa de estabilidad presupuestaria no deben formar parte del inventario de entes autonómicos las entidades participadas por las Comunidades Autónomas en las que otra Administración Pública ostente en solitario una mayoría del control o financiación de la entidad.
A nivel de cada Comunidad Autónoma, y aunque muchas se encuentran en porcentajes cercanos al 100%, ocho de ellas no cumplirían el compromiso inicial. Se trata de Aragón (al haber llevado a cabo o estar próximo a completar el 50% del compromiso inicial), Castilla-La Mancha (79,6%), Cataluña (72,7%), Extremadura, (83,3%), Galicia (97,8%), Comunidad de Madrid (92%), Región de Murcia (68,1%) y Navarra (96%).
Según las previsiones, los procesos de extinción de entidades producirán, en base a los datos disponibles, un ahorro en el periodo 2011-2013 de 1.505,43 millones de euros.
Adicionalmente a este compromiso adquirido con anterioridad, las Comunidades Autónomas han aprobado un compromiso adicional de reducción neta de 193 entidades en 2013.