En el discurso de apertura del la reunión, el secretario general del Partido Comunista Uruguayo (PCU), el senador Eduardo Lorier exigió al Gobierno de José Mujica el cumplimiento íntegro del programa del FA y lamentó las políticas económicas de un Ejecutivo al que los comunistas ven con "desilusión".
Lorier confirmó así la existencia de una profunda crisis interna en el seno de la coalición de Gobierno, en la que conviven desde demócratas cristianos hasta ex guerrilleros tupamaros y en la que en las últimas semanas se han sucedido peleas entre los diversos sectores que lo componen.
Estas luchas han tenido como protagonista fundamental al principal sindicato del país, la Plenario Intersindical-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), dominado por los comunistas y que ya ha protagonizado cinco paros generales contra políticas del Ejecutivo.
Los sindicalistas han chocado directamente con la reforma del Estado impulsada por Mujica e indirectamente han fomentado movilizaciones en reclamo de mayores salarios en numerosos sectores, lo que ha creado un clima de inestabilidad laboral mal visto por el Ejecutivo.
En su discurso, Lorier cargó contra los responsables del Ministerio de Economía, a quienes acusó de tener "una posición hegemónica con respecto al resto de los ministerios y un predominio sobre la bancada oficialista" que impide la construcción "de una realidad económica cada vez más independiente del yugo imperial".
Para el senador, al Ejecutivo le "importa atender la mejor imagen posible con el mercado financiero internacional y con los organismos financieros" que impulsar un "país productivo con justicia social".
Sin embargo, Lorier descartó que el PCU "sea la oposición interna" dentro del FA y que ponga "palos en la rueda del Gobierno", si bien reafirmó que no abdicarán de su "derecho a defender el programa del FA, que plantea "la redistribución de la riqueza y la profundización democrática".
Además, el senador también defendió el accionar de los sindicatos enfrentados con el Ejecutivo y dijo "no aceptar la criminalización de las movilizaciones, su desprestigio, y su proscripción", en una clara alusión a las palabras de Mujica en las que señaló que las continuas huelgas atacaban a la economía del país.