Gómez ha prestado declaración esta mañana, en la vigésimo sesión del juicio, en calidad de perito a petición del abogado de la acusación popular (PSPV), y ha relatado ante el tribunal el contenido del informe que elaboró el 13 de abril de 2010 tras solicitárselo el titular del juzgado Central de instrucción de Madrid.
El perito ha explicado que su escrito se fundamenta en estudiar el sistema de contratación de distintas administraciones públicas --entre ellas la Generalitat valenciana-- con las distintas empresas del grupo Correa. Según ha dicho, el sistema de contrataciones en la Comunitat era "similar" al de otras autonomías, en cuanto al uso de contratos menores --de cuantía inferior a 12.000 euros y sin publicidad ni concurso-- y de adjudicaciones.
El perito ha relatado que analizó 85 expedientes de la Comunidad Valenciana, de los que 76 se tramitaron con contratos menores y un total de nueve con expedientes administrativos. En total, 17 centros gestores --entre consellerias, fundaciones y empresas públicas-- contrataron con nueve empresas de la trama. También ha concretado, respecto a contratos menores, que no existía la posibilidad de impugnarlos porque no había un proceso abierto.
En cuanto a adjudicaciones, el perito --quien ha afirmado desconocer el porcentaje exacto de los contratos dados por parte de la administración valenciana a empresas del grupo-- ha indicado que en algunos casos --también en la Comunitat-- se pedían ofertas a tres empresas del mismo grupo, por lo que el precio se pactaba entre las mismas.
Si no era así, ha comentado que "se valoraban criterios objetivos con una puntuación baja, mientras que la más alta se dejaba para criterios subjetivos como la creatividad o el diseño". También se fracturaban contratos mayores para evitar los expedientes administrativos, ha dicho.
Ha puesto el ejemplo de la adjudicación de Fitur 2005. Al respecto ha explicado que pese a que se adjudicó a Orange Market, luego se dejó al margen a dos consellerias --Territorio e Infraestructuras-- para que pudieran tramitar otros expedientes del evento. Estas dos entidades --ha agregado-- contrataron con las mismas empresas y fraccionaron el importe "que debería de haber salido a concurso". Preguntado por si era necesaria la autorización del presidente de la Generalitat para este tipo de adjudicaciones, ha contestado que no, aunque sí una "comunicación" al gabinete de Presidencia.