Sin embargo, ha quedado absuelta del otro delito de la misma naturaleza que la acusación particular le atribuyó por no ejecutar las obras necesarias para el sistema de evacuación de aguas residuales en ese sector.
Así, Pinilla ha sido condenada a la pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y también al pago de la mitad de las costas, incluidas las de la acusación particular, declarando de oficio la otra mitad.
El juez ha condenado a la exalcaldesa, en concepto de responsabilidad civil, a que abone a la Junta de Compensación del Sector 1 del PGOU de la zona norte 'Alto de La Muela' a las indemnizaciones de 659.577,02 euros en concepto de gastos de agua, conserjería, seguridad, conservación y mantenimiento de la urbanización de este sector, devengados desde agosto de 2008; y 4.135.065,68 euros en concepto de daños, desperfectos y sustracciones sufridos por la urbanización hasta noviembre de 2013.
Asimismo, deberá afrontar la cantidad que se determine en ejecución de la sentencia por daños, desperfectos y sustracciones en la urbanización, ocurridos desde diciembre de 2013, en todos los casos con los intereses legales previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DEL AYUNTAMIENTO
Se ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de La Muela por el total de estas cantidades. Contra esta sentencia cabe interponer en el plazo de diez días un recurso de apelación, para su resolución por la Audiencia Provincial de Zaragoza.
La exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, que ejerció este cargo durante 24 años, declaró durante más de dos horas y media el pasado 13 de enero en el Juzgado de lo Penal número 2, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, en la primera jornada de la vista oral de esta causa, independiente de la denominada 'Operación Molinos' que investiga una trama de corrupción urbanística en la localidad y en la que también está encausada.
En el transcurso de su declaración, Pinilla aseguró que las obras de la urbanización norte, 'Alto de La Muela' no habían concluido cuando se pidió al consistorio su recepción, desde el año 2006, negó tener intereses personales en este proyecto y defendió que siguió las recomendaciones de los técnicos municipales.
"DELIBERADA Y REITERADAMENTE"
En los hechos probados de la sentencia, se recuerda que el 23 de septiembre de 2003 se constituyó la Junta de Compensación del Sector 1 del PGOU de La Muela, Zona Norte 'Alto de La Muela', para asumir el desarrollo de la urbanización de este sector y presentó el proyecto al consistorio, que fue aprobado el 25 de enero de 2005.
En 2006, la Junta de Compensación advirtió de la pronta conclusión de los trabajos, para que el ayuntamiento preparara su recepción, pero la alcaldesa no las recibió y el consistorio encargó una auditoria a la empresa Intecsa-Inarsa, que señaló que a grandes rasgos se había seguido el proyecto aprobado.
Así, el 21 de julio de 2008 el pleno del consistorio acordó recibir las obras pero, a partir de ese momento, Pinilla "pese a estar legalmente obligada a ejecutar ese acuerdo de pleno que ella misma había apoyado, deliberada y reiteradamente decidió no hacerlo, siendo perfectamente consciente de que así obligaba injustamente a la Junta de Compensación a asumir indefinidamente el elevado coste de agua, consejería, seguridad, conservación y mantenimiento de las obras de la urbanización ejecutadas y, paralelamente, eximía sin causa legal al consistorio de ese gasto".
Desde agosto de 2008 hasta marzo de 2010, la Junta asumió por estos conceptos un gasto de 659.577,02 euros. El consistorio siguió sin recibir las obras, de forma que en 2010 quedaron abandonadas, sufriendo actos de saqueo y vandalismo, que generaron unos daños, a noviembre de 2013, por valor de 4.135.065,68 euros.
De esta forma, el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza considera que las obras no se recibieron "por la deliberada, incomprensible e injusta pasividad" de la entonces alcaldesa, María Victoria Pinilla.
Ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de La Muela en cuanto al pago de todos los importes antes mencionados "pues la acusada no cometió los hechos a título particular, sino en cuanto alcaldesa-presidenta de esa corporación municipal y en el marco de una actuación administrativa del municipio".
CUESTIÓN DUDOSA
En el caso de la construcción del sistema de evacuación de aguas residuales, el juez estima que no se ha acreditado en el juicio que el Ayuntamiento de La Muela asumiera la ejecución y el coste, tanto de la obra externa de los tres ramales como de la obra interna de las estaciones de bombeo.
En su opinión, se suscita un problema de interpretación acerca de quién debe asumir la ejecución y el coste de esas obras, cuya solución no puede proporcionarse por los tribunales penales al no apreciarse en este ámbito delito de prevaricación. "La cuestión es dudosa y en derecho penal las dudas no pueden interpretarse en contra del reo", se señala en la sentencia.