Así lo han indicado a Europa Press fuentes judiciales quienes han detallado que el procesado ha sido finalmente condenado a diez años de prisión por cada una de las desapariciones, a un año por un delito de hurto, a un año y nueve meses por otro delito de falsificación de documento oficial y a tres años de prisión por un delito de robo con violencia; actos estos relacionados con la posesión de los vehículos de las víctimas.
El tribunal ha estimado los indicios expuestos en sala por los testigos para dictar una sentencia condenatoria que ha fundamentado especialmente en el uso de los vehículos de los desaparecidos por parte del acusado después de que varios de los testigos aseguraran que habían le vieron conducir los coches una vez que estas personas había desaparecido.
En esta línea, el vehículo de Ángel Benjamín C.C., con el que convivió dos años desde 2002 y con el que mantenía una relación de amistad, fue encontrado por los agentes de policía con las placas dobladas, de forma que la numeración coincidía con la matrícula del coche del acusado. En este sentido, se le ha condenado por un delito de hurto y otro de falsificación de documento oficial.
La sentencia condena también al acusado por un delito de robo con violencia al considerar que se apropió de este modo del coche de Juan Antonio Sánchez, un vehículo que, según su propia declaración en sala, reconoció haber conducido después de que una persona, sobre la que no se ha podido acreditar su existencia, le dejara al día siguiente de la desaparición del ejidense.
En el caso de Juan Antonio Sánchez, el tribunal considera suficientemente probado que el acusado, dedicado a la prostitución masculina, es culpable de su desaparición, ya que los testigos pudieron narrar cómo ambos abandonaron un local de copas de ambiente de la capital juntos, toda vez que unos vecinos del acusado reconocieron la presencia de la víctima en la noche de los hechos al abandonar ambos el domicilio del condenado en el coche de Juan Antonio y volver posteriormente solo.
No obstante, la sentencia desestima la petición formulada por la acusación particular que solicitaba 29, años y nueve meses de prisión --dos más que el Ministerio Público-- al estimar que en el caso de José Antonio concurrió una agravante de superioridad física, dado que él presentaba una ligera discapacidad que le impedía un normal desplazamiento. Así, no considera probado que este extremo pudiera dificultar su detención, ya que se desconoce cómo se produjo la situación.
El texto judicial, que condena al acusado también al pago de 500.000 euros a cada una de las familias en concepto de indemnización y al pago de 16.000 euros por el vehículo de Juan Antonio Sánchez, ya que éste tampoco se ha podido recuperar, describe igualmente la actitud sintomática del acusado, que se sirvió de un patrón similar en sus actuaciones. El condenado tampoco podrá residir ni en El Ejido ni en Almería por un periodo de 20 años.