Según recoge el fallo, un grupo de afiliados y simpatizantes del PP participaba en Burlada en una comida popular incluida en el programa oficial de fiestas, cuando comenzó a "formarse un gran barullo en torno al área que ocupaban, delimitada con una cuerda y una cinta, con intervención de numerosas personas que, rodeándolos, comenzaron a increparlos y a lanzarles los más variados objetos".
La sentencia explica que entre los que intervinieron en el tumulto se encontraban los dos acusados, Gorka Etayo Irisarri y Fernando Jiménez Sarasa, "quienes en varias ocasiones se acercaron a los concejales del PP José Enrique Escudero y María Pilar del Valle Cía, y les dijeron: 'ETA mátalos', 'ETA os va a poner una bomba', 'Os quedan cuatro días', 'Estáis muertos', o 'Mirad bajo el coche'".
Como consecuencia de estos hechos, los simpatizantes del PP tuvieron que abandonar el lugar.
La sentencia señala que "la prueba de cargo fundamental viene dada por las declaraciones firmes, serias, coherentes y sostenidas en el tiempo de las víctimas de los hechos, quienes tanto en el Juzgado de Instrucción como en la vista oral relataron lo sucedido con sustancial coincidencia entre ambos".
Además, el juez explica que los dos ediles identificaron 'in situ' ante la Policía Municipal a las dos personas acusadas y lo ratificaron posteriormente. "Es de destacar que habiéndose producido durante el altercado hechos de mayor gravedad, como delitos de atentado contra los concejales (lanzamiento de cubiertos, parrillas, melones, barras de pan...) y lesiones a un escolta, los denunciantes han reconocido que no pudieron identificar a concretos autores de los mismos, absteniéndose por ello de achacárselos a los hoy acusados", valora.
La sentencia expone que los dos procesados reconocieron "más o menos explícitamente que participaron en el altercado profiriendo insultos, pero negaron haber proferido las amenazas por las que son enjuiciados".
Sin embargo, el juez cree que los denunciantes "han dicho la verdad no sólo en relación a la existencia de las amenazas, sino también a la identificación de los hoy acusados como autores de las mismas o de parte de las mismas".
Por ello, condena a cada uno de ellos a un año de cárcel y a pagar una indemnización de forma conjunta de 2.000 euros a cada edil.