El tribunal atribuye a ambos un delito continuado de falsedad en documento oficial, aunque en el caso del funcionario, de iniciales M.T.R. y 43 años, con la agravante de prevalimiento de cargo público, por lo que su condena es mayor, de dos años, cuatro meses y quince días de prisión y una multa de 1.800 euros. La exmujer, de iniciales E.H.M. y 42 años, tendrá que hacer frente por su parte a un año y nueve meses y multa de 1.620 euros.
Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el matrimonio, puesto de común acuerdo, solicitó en la UGR la equivalencia parcial de los estudios de la mujer, que supuestamente había realizado en la Universidad Iberoamericana de México, para cursar la Licenciatura de Historia del Arte durante el curso 2008/2009.
Para ello, solo se aportaron fotocopias en lugar de los originales exigidos y no se le dio el trámite previsto por la Facultad de Filosofía y Letras que incluía, entre otros requisitos, dar traslado a los departamentos afectados. Pese a ello, fue puesto a la firma de la Comisión Académica, que a su vez elevó la propuesta a la decana, una resolución de fecha 15 de enero de 2009 por la que se aprobaba la solicitud.
Entre el 15 de septiembre de 2009 y el 21 de mayo de 2010, el marido, que era auxiliar administrativo en la secretaría de la Facultad, utilizó una clave de acceso al programa informático de gestión académica e hizo hasta quince alteraciones para que no se reflejara la deuda de la matrícula de su mujer y poder hacer cambios en la misma.
Además, en el expediente personal del hombre, que tenía la licenciatura de Historia, y con las misma claves, se realizaron modificaciones en las calificaciones de algunas asignaturas de la carrera, y, donde había sido calificado con aprobado o notable, se cambió a sobresaliente.
También se actuó de manera similar con respecto a la esposa, y en las asignaturas que cursaba de Historia del Arte y a las que incluso no llegó a presentarse en los exámenes le dispuso un sobresaliente.
Los magistrados recogen además para fundamentar su resolución los resultados de la pericial practicada por el Grupo de Delitos Económicos de la Brigada de Policía Judicial, que acreditó que las alteraciones informáticas detectadas fueron realizadas desde la terminal del funcionario y con su clave, sin que se haya acreditado que terceras personas participaran en esas modificaciones.
De hecho, señala el tribunal, ninguna otra persona se benefició de esos cambios. Desechan la posibilidad los jueces de que la mujer fuera quien realizara las modificaciones, porque eso no explicaría las mejoras en el expediente del marido. En conclusión, consideran que todo respondió a un plan "preconcebido" en el que participó tanto el hombre como su esposa, que "estaba al corriente y colaboraba en la maniobra engañosa urdida entre ambos de forma activa".
Contra la sentencia, de fecha 21 de junio de 2012, cabe interponer recurso de casación.