La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 13 años y 2 años de cárcel y multas que suman de 700 millones de euros a 13 miembros y ayudantes de una organización internacional que introducía grandes cantidades de cocaína en España. Uno de los alijos incautados a esta trama fue el mayor de la Comunidad de Madrid en todo el año 2010, según ha informado este órgano judicial.
Entre los condenados se encuentran un abogado que alertó a los miembros de la organización de la investigación judicial secreta que se seguía contra ellos, así como un policía que les avisaba de las vigilancias a las que estaban siendo sometidos.
La denominada "Operación Caleta" practicada conjuntamente por Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales permitió la incautación, en dos operaciones en diciembre de 2010 y mayo de 2011, de más de 600 kilos de una cocaína, cuyo valor en el mercado ascendería a cerca de 60 millones de euros.
El 20 de diciembre de 2010, una llamada a la Policía de Parla en la que se alertaba de un posible robo llevó a los agentes municipales hasta la nave de un polígono industrial de la localidad, donde "accidentalmente" hallaron en una bolsa-contenedor más de media tonelada de cocaína con un valor, 44 millones de euros.
En el registro también encontraron una pistola con la numeración borrada, en perfecto estado de conservación, con un silenciador acoplado y siete cartuchos del calibre 7.65 milímetros, uno de ellos en la recámara.
En este operativo policial fueron arrestados tres miembros del grupo y decomisados varios coches con dobles fondos (denominados "caletas") para el transporte de la droga.
Investigaciones paralelas previas de la Policía y la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, habían permitido averiguar que se trataba de una banda criminal liderada por ciudadanos colombianos que se dedicaban a introducir grandes cantidades de cocaína ayudados por españoles, quienes se encargaban de facilitarles, sin levantar sospechas, la infraestructura de pisos y coches y el personal necesario para desarrollar su actividad criminal y eludir la actuación policial.
De hecho, el abogado de uno de ellos utilizó su condición de letrado para interesarse por la tramitación de las diligencias secretas que el Juzgado de Instrucción 1 de Parla había abierto en relación con el alijo de la nave industrial. Consiguió averiguar que otro de los miembros de la trama había sido localizado en Valencia y le sugirió que deshiciera del teléfono móvil que usaba habitualmente.
Su actuación le ha costado una condena de 15 meses de multa como autor de un delito de revelación de actuaciones procesales secretas, aunque ha resultado absuelto del delito contra la salud pública.
IMPLICACIÓN DEL AGENTE
Otro de los miembros de la organización también se sirvió de la ayuda de una agente de policía municipal, quien le alertaba de las vigilancias policiales, hechos por los que la Audiencia le ha condenado ahora a dos años de cárcel al considerarle encubridor de un delito contra la salud pública.
El alijo de Parla puso de manifiesto la existencia de varias investigaciones policiales que, de forma coordinada, seguían los pasos de esta banda criminal. Fruto de esa cooperación policial entre Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil y de una conversación intervenida se asestó el golpe definitivo a este entramado criminal.
De esta forma, se pudo conectar la incautación en Parla con otra que investigación que se seguía en Alcira (Valencia) y que culminó el 5 de mayo de 2011 con la detención de uno de los miembros de la organización cuando circulaba por la A3 en dirección a Madrid, a la altura de Fuentidueña del Tajo.
En el registro del vehículo los agentes descubrieron en un doble fondo 135 kilos de cocaína con un valor cercano a los 14 millones de euros. En los días posteriores se produjeron nuevas detenciones que llevaron a dar por desarticulada esta organización dedicada a la introducción, transporte, almacenaje y distribución de droga y que operaba a escala internacional.
La investigación también ha permitido conocer la red de empresas que habían ido creando con el fin de reintegrar en el circuito económico el dinero obtenido con la venta de los estupefacientes.
CONDENAS
Por estos hechos, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha condenado a los dos jefes de la organización, John Silver Vanderwerff Rincón y Rodrigo Alexis Díaz Lizcano, ambos colombianos, a 13 años de prisión a cada uno. Una de las pruebas utilizadas para sustentar estas condenas es la información almacenada en la PDA de uno de ellos. En sus archivos aparecen datos de varias operaciones de introducción de droga en España por vía marítima.
Entre esa información aparece la frase "preñado puerto de Valencia", que, según un informe que obra en la causa, "significa que el barco está cargado con otra cosa". A juicio de los magistrados, esa referencia guarda relación con la llegada de la droga, mientras que la conversación en la que se dice "eso según parece está dentro del puerto que en Madrid están desesperados y en Barcelona también", es una alusión a los lugares de destino.
Además de las penas para los jefes del entramado, la Audiencia condena a otras nueve acusados a penas de entre 11 y 9 años para los considerados como autores de un delito contra la salud pública, tres para un cómplice y dos para otro como encubridor. Por contra, absuelve por falta de pruebas a otros cuatros acusados.
La "Operación Caleta" fue considerada como el mayor alijo incautado en Madrid en todo el 2010. Para encontrar un alijo similar habría que remontarse hasta febrero de 2009, cuando fueron decomisados 600 kilos de cocaína en una operación bautizada como "Ciclón" y en la que resultaron detenidos varios futbolistas y agentes FIFA. Precisamente la próxima semana la Sección Primera juzga estos hechos.