Este informe, al que ha tenido acceso Europa Press, fue aprobado el pasado 26 de mayo en la comisión sin el apoyo de PSOE, Izquierda Plural y PNV, que eran partidarios de que este órgano pudiera investigar el uso que Conde había hecho de la autorización que el Congreso le había concedido para sus actividades extraparlamentarias.
En virtud de un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara y de las recomendaciones de la Mesa del Congreso --en la que el PP tiene mayoría--, el Grupo Popular rechazó abrir la investigación que había solicitado formalmente el PSOE sobre su portavoz adjunto.
El argumento fue que la citada comisión no tiene competencias para investigar a un diputado, si bien en el informe sí se hace mención a lo declarado por Conde tras estallar la polémica. Por un lado, confirma que la autorización que se le dio al principio de la legislatura para ejercer como abogado le cubre también para su asesoramiento al Banco de Santander.
ACTUALIZÓ SUS DECLARACIONES
Al publicarse que el diputado 'popular' no había pedido permiso expresamente para tratar con esa entidad, Conde remitió un escrito a la comisión para poner al día su declaración de actividades alegando que no había especificado su relación con el banco por entender que bastaba con la autorización general para ejercer la Abogacía.
De hecho, llegó a sugerir que, sí tenía que detallar quién era su cliente, debería extenderse esa misma exigencia a las decenas de diputados que compaginan el escaño con el bufete. No obstante, el diputado aportó los "apoderamientos otorgados por las entidades Altamira Real State y por Santander Titulación Gestora de Fondos" y, tras estudiarlos, la Comisión del Estatuto le dio la razón.
En la actualización de su declaración de bienes y de actividades, Conde también hizo constar que una semana antes había dejado de ser administrador de la sociedad mercantil Eco-Witt, de la que tiene un 20% del capital social valorado en 600 euros.
Por eso, en el informe de la Comisión del Estatuto que ratificará el Pleno este jueves se recoge una especie de autorización con carácter retroactivo para la actividad de Conde como administrador único, pese a que ésta ya ha concluido. Eso sí, se menciona expresamente que el diputado sí debía haber comunicado oficialmente que había empezado a ejercer como tal en noviembre de 2012, pues no habría tenido problema para obtener el pertinente permiso.
PENDIENTES DE PUJALTE
Además, cuando se apruebe el informe Conde obtendrá, también con carácter retroactivo, la compatibilidad para su participación en la reserva de la Armada entre los días 18 y 29 de mayo de 2015, en plena campaña electoral de las elecciones locales y autonómicas.
Paralelamente, tanto el PSOE como la Izquierda Plural tienen solicitado que se investiguen también las actividades privadas del portavoz económico del PP Vicente Martínez Pujalte, quien asesoró a una constructora implicada en la trama de la adjudicación de parques eólicos de Castilla y León. La Comisión del Estatuto del Diputado tomará una decisión definitiva al respecto cuando el parlamentario le remita sus alegaciones.
Por su parte, el PP pidió abrir una investigación al portavoz del PSOE, Antonio Hernando, por su ofrecimiento, no consumado, para asesorar a un partido panameño a principios de legislatura. Los 'populares' alegan que si el PSOE quiere investigar a diputados, debería empezar por su portavoz.