Tras media docena de reuniones a puerta cerrada de sus respectivas ponencias parlamentarias, las dos leyes parecen seguir dos caminos distintos. El PP no ha logrado sumar al PSOE en las medidas relativas a los altos cargos pero, en cambio, las nuevas exigencias a partidos y fundaciones han concitado un consenso amplio.
La ley que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado fija, entre otras cuestiones, los requisitos de idoneidad para ocupar esos puestos, las declaraciones de bienes y certificados tributarios que deben presentar, las incompatibilidades, el régimen sancionador que les afecta y los informes que la Oficina de Conflictos de Intereses debe aportar al Parlamento.
El grupo de CiU añadió además una enmienda para dejar claro que la aplicación de todas estas medidas en el ámbito autonómico dependerá de lo que decidan los gobiernos de las comunidades.
INSUFICIENTE, SEGÚN LA OPOSICIÓN
La oposición considera esta ley insuficiente y el PSOE ya anunció que no la apoyará por no incluir compromisos sobre otras cuestiones que han quedado fuera de las leyes anticorrupción como la reducción de aforados, la limitación de los indultos o las llamadas 'puertas giratorias' entre los puestos públicos y la iniciativa privada.
Uno de los principales puntos sin acuerdo es el relativo a cuándo un alto cargo debe dejar su puesto en caso de verse salpicado por un caso de corrupción. El PSOE quiere que sea cuando se impute un delito con vistas a un juicio oral y que se extienda a diputados, senadores y alcaldes, pero el PP no lo ha aceptado.
En cambio, la ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, que cambia la Ley de Partidos y la del Tribunal de Cuentas, entre otras normas, llega a la Comisión Constitucional con el visto bueno de partidos como el PSOE, CiU, PNV e incluso Izquierda Plural.
En las reuniones de ponencia se han ido acordando nuevas exigencias tanto a los partidos como a las fundaciones que dependen de ellos. Entre otras cosas, hay consenso para reducir en un 20% la subvención que se otorga por los envíos gratuitos de propaganda electoral ('mailing'), que se añade a la rebaja del 40 por ciento de la financiación ordinaria de los partidos que el Gobierno ha ido aplicando en los últimos años a través de los Presupuestos Generales (PGE).
RECORTE DE GASTOS ELECTORALES
Además, a partir de ahora, las subvenciones anuales del Estado se van a vincular al presupuesto consolidado sin intereses de cada ejercicio lo que, según el PP, implica que "irán de la mano del gasto social" de modo que, si hay recortes en estas partidas, también se verán reducidos.
Junto a la austeridad, se confirma la imposición de mayores exigencias de control y de transparencia de las fundaciones políticas. Si ya se las obliga a informar al Tribunal de Cuentas de las donaciones que reciben, se pretende ahora que todos sus ingresos sean examinados por el Tribunal de Cuentas (incluyendo los convenios con entes públicos) y que la institución fiscalice también los gastos derivados de subvenciones públicas; además, las fundaciones deberán someterse a una auditoría externa cada año cuyos resultados habrán de ser publicados en su web.
Asimismo, la ponencia parlamentaria ha profundizado en la definición de las sanciones por financiación ilegal para aumentarlas y para dificultar la prescripción en función de la gravedad de la falta que se imputa (dos años para casos leves, tres para graves y cinco para muy graves).
La Comisión Constitucional convalidará también la prohibición de condonar deuda a los partidos, el veto a los donativos de personas jurídicas (empresas) y la obligación de publicar todos las aportaciones económicas de más de 25.000 euros que reciba un partido.
AL MENOS, ABSTENCIONES
Nacionalistas y socialistas sopesan la posibilidad de no votar en contra de la ley, aunque sigan manteniendo críticas puntuales, mientras que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se debate entre el no y la abstención, pues reconoce avances pero sigue pensando que las modificaciones son insuficientes.
Hasta ahora, quien se ha mostrado más distante de las dos leyes anticorrupción es el grupo de UPyD, que sostiene que el catálogo de medidas sigue sin incluir asuntos que considera fundamentales para la regeneración democrática, como la reforma del sistema electoral o el cambio del sistema de elección de los órganos supervisores.
Una vez que las leyes sean aprobadas en la Comisión Constitucional, la relativa al alto cargo se remitirá directamente al Senado y la referida a la actividad económica de los partidos se volverá a discutir en el Pleno del Congreso del día 21, dado que tiene carácter orgánico.
En ese pleno de la próxima semana coincidirá con la reforma del Código Penal, que también incluye un paquete de medidas contra la corrupción centrada en elevar el castigo por delitos de corrupción y en garantizar la devolución del dinero público malversado.