El Congreso de los Diputados ha recordado este jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los jueces y magistrados están obligados a comparecer en las comisiones de investigación del Parlamento o del Senado, un día después de que el magistrado y exdirector de la Oficina Antifraude catalana Daniel de Alfonso diese explicaciones por el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz.
El Pleno de la cámara baja ha aprobado la enmienda de adición presentada por los socialistas a una de las propuestas de resolución que el PNV ha plateado a la última Memoria del CGPJ. El PSOE ha recalcado en este texto que la Constitución Española y la Ley Orgánica de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados o del Senado, o de ambas cámaras, establecen la "obligación" de comparecer en las mismas.
"Sin que esta obligación pueda ser excepcionada por la condición de quien sea requerido", sea miembro del Gobierno, del Parlamento o del Poder Judicial, insistieron los socialistas. De hecho, la diputada socialista Soraya Rodríguez ha destacado en el debate de las propuestas que comparecer en las comisiones de investigación no es algo "excusable", ni "moludable", sino una "obligación constitucional".
Rodríguez ha apuntado que es "bueno recordar" al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que la legislación reconoce esta obligación y que "el Congreso no está dispuesto a que un miembro de la carrera judicial no quiera comparecer".
CRUCE DE CARTAS ENTRE LESMES Y EL CONGRESO
La declaración de De Alfonso ante la comisión de investigación tuvo lugar finalmente este miércoles, pese al cruce epistolar de los últimos días entre el Congreso y el CGPJ. La oposición citó a este magistrado como uno de los protagonistas de aquella conversación grabada en el despacho del exministro que abrió la polémica al desvelarse supuestas maniobras policiales, mediáticas y judiciales contra formaciones de la oposición.
Sin embargo, el pasado jueves Lesmes, envió una carta al Congreso de los Diputados para recordar que esa citación está sujeta al marco legal de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según la cual no podía responder a cuestiones que afectan a su jurisdicción y que, según el artículo 399.1 de esa norma, puede contestar preguntas por escrito o en su despacho. Según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la Cámara Baja respondió esta misiva recordándole que las citaciones para una comisión de investigación parlamentaria suponen "un mandato imperativo".