La Ley Orgánica sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u oficina en España y las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España fue aprobada por el Consejo de Ministros a finales de julio y se está tramitando por el procedimiento de urgencia para que pueda estar lista antes de la disolución de las Cortes.
Tal y como han coincidido los portavoces, esta norma, de carácter fundamentalmente técnico, busca garantizar el pleno cumplimiento de las normas internacionales en la materia, sin conferir nuevos privilegios o inmunidades, sino recoger reglamentos ya presentes en el Derecho Internacional.
Las inmunidades soberanas son un principio básico del Derecho Internacional y consisten en que los tribunales de un Estado deben abstenerse de ejercer su jurisdicción en procesos incoados contra otro Estado (inmunidad de jurisdicción) y de adoptar medidas coercitivas sobre sus bienes (inmunidad de ejecución).
El régimen jurídico internacional sobre inmunidades se encuentra disperso en normas recogidas en tratados internacionales y Derecho consuetudinario, por lo que el objetivo de la nueva ley es dar forma jurídica a lo que se venía ya practicando desde hace años.
Aunque ha manifestado su apoyo a esta norma, el PSOE había presentado varias enmiendas al articulado con pequeños cambios de carácter técnico, que han sido admitidas por el PP. Eso sí, los 'populares' han rechazado la enmienda en la que los socialistas pretendían que se "diferenciara mejor" los conceptos de inmunidad de ejecución e inmunidad de jurisdicción, así como otra que pedía recuperar la jurisdicción universal.
Sobre este último punto, el diputado del PSOE Juan Moscoso ha censurado que la eliminación de esta jurisdicción ha colocado a España "en un retroceso clarísimo en la defensa de los Derechos Humanos" y en una "situación peor a la que había antes de la democracia".
Esta enmienda del Grupo Socialista ha sido respaldada por el resto de grupos de la oposición, si bien el PP ha votado en contra, de modo que no ha podido salir adelante. La tramitación de esta ley continuará ahora su camino en el Senado.