El Congreso aprueba la ley que obligará a los partidos a publicar sus cuentas, donaciones y deudas

El Pleno del Congreso aprobó este jueves, con el único voto en contra de Amaiur y la abstención de Izquierda Plural y Compromís, la ley que obligará a los partidos y sus fundaciones a publicar sus cuentas, sus deudas y las donaciones que reciben.

A lo largo del trámite parlamentario, el proyecto de ley que aprobó en diciembre el Gobierno para reducir un 20 por ciento la financiación pública de los partidos políticos ha derivado en una amplia revisión de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos de 2007, reforzando la transparencia.

Primero se amplió el recorte a las subvenciones que reciben las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas, como la FAES que preside José María Aznar o la Fundación Ideas del PSOE, y después, durante su debate en ponencia, se aprovechó además para cerrar con amplio acuerdo un conjunto de medidas para reforzar el control de las finanzas de los partidos y sus fundaciones, aplicándoles los mismos principios de la futura ley de Transparencia, que a priori no les afectaría al ser entidades privadas.

DEL RECORTE A LA REVISIÓN GLOBAL

Así, una vez que su actividad anual sea fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, las formaciones harán públicas sus cuentas en su página web con información sobre su balance económico, su cuenta de resultados y los créditos que tienen firmados con entidades financieros, incluyendo, si es el caso, datos de las operaciones de condonación de deuda.

Se obligará asimismo a los partidos a que, además de enviar cada año al Tribunal de Cuentas un informe global sobre su financiación privada, comuniquen a la institución fiscalizadora cada donación de más de 50.000 euros o de bienes inmuebles que reciban de empresas jurídicas (en los tres meses posteriores a la recepción); a su vez, el Tribunal llevará un registro para comprobar que no se supera el tope anual de 100.000 euros.

Respecto a estas operaciones de condonaciones de deuda, tanto del capital como de los intereses, se acordó también poner un límite anual de 100.000 euros, equiparándolo así al tope fijado para donaciones privadas.

En cuanto a las aportaciones privadas que reciben los partidos, se amplía el catálogo de empresas que tienen prohibido hacer donaciones a los partidos: Ya no sólo serán aquellas que tienen contratos en vigor con la Administración, sino también todas las que compartan órganos de dirección (las participadas mayoritariamente, sus fundaciones y todas las del mismo grupo empresarial). Además, ninguna fundación que recibe subvenciones de la Administración, y ello incluye a las vinculadas a formaciones políticas, podrá hacer donaciones a un partido.

Otra novedad de la reforma permitirá dotar de capacidad sancionadora al Tribunal de Cuentas, que hasta ahora sólo podía hacer propuestas, generalmente de recorte de subvención, que luego debía ejecutar la Administración. Ahora podrá imponer directamente sanciones en supuestos de falta muy grave.

CAPACIDAD SANCIONADORA PARA EL TRIBUNAL DE CUENTAS

En los casos de vulneración del límite anual de donaciones privadas (100.000 euros), se impondrá una multa equivalente al doble de la cantidad excedida. Además, se podrá paralizar la entrega de subvenciones al partido que no presente su contabilidad al Tribunal en tiempo y forma.

Respecto de las fundaciones de los partidos, se decidió que, al igual que las formaciones políticas, habrán de someterse a auditoria privada y que el Tribunal de Cuentas podrá fiscalizar todos sus ingresos, y no sólo las donaciones como hasta ahora.

Además, se extiende a las fundaciones la obligación de hacer públicas sus cuentas una vez fiscalizadas y no se descarta que, en próximas reuniones, se les obligue además a comunicar al tribunal cada aportación de persona jurídica que reciban. De entrada, se ha decidido que las fundaciones comuniquen a Hacienda todas las donaciones públicas y privadas que reciben.

"PROGRESO INDUDABLE"

Estos consensos tejidos sobre la base de las enmiendas transaccionales del ponente del PP, José Antonio Bermúdez de Castro fueron reconocidos en el debate del Pleno del Congreso. Para la portavoz de UPyD, Rosa Díez, esta nueva ley, que llegó al Congreso con un único artículo (el recorte), ha acabado siendo "una gran noticia política, un indudable progreso en la transparencia". "Es un buen paso hacia una democracia que se parezca a las exigencias de los ciudadanos del siglo XXI", enfatizó.

Al margen del acuerdo global sobre las medidas de transparencia, hay un punto en el que el PP sigue chocando con la oposición pues, además de introducir el recorte del 20 por ciento de la financiación pública que reciben partidos y fundaciones, elimina la antigua cláusula de revisión anual de las subvenciones, con lo que su cuantía se fija cada año en los Presupuestos Generales del estado.

El socialista Nacho Sánchez Amor expresó sus reticencias a la supresión de esta cláusula de salvaguarda alegando que la financiación de los partidos es una de las "reglas del juego" de la democracia, que ahora quedará en manos de un solo jugador, el que tenga la mayoría.

También el ponente de CiU, Jordi Jané, criticó la falta de garantías y pidió alguna cláusula de revisión, ya sea ligada al IPC o a la evolución del Producto Interior Bruto. "La ley en su conjunto es un avance sustancial, pero aquí no hemos acertado", comentó.

AL ALBUR DE LA MAYORÍA

Aitor Esteban, del PNV, insistió en que la financiación de los partidos políticos "no puede estar al albur de mayorías absolutas", por lo que los nacionalistas decidieron votar en contra de ese artículo concreto, aunque apoyaron el resto de mejoras introducidas en favor de la transparencia.

Sin embargo, el PP se negó a aceptar el cambio solicitado. Según su ponente, José Antonio Bermúdez de Castro, "la política y los partidos deben ser los primeros en compartir los costes de la crisis y los primeros en dar ejemplo" pues es "la única manera de que la gente se sienta identificada" con sus políticos. "Por eso, no debemos garantizar a los partidos más de lo que se garantiza a la sociedad, y esa cláusula de revisión no la tienen los propios españoles para asegurar sus ingresos del próximo año", apostilló.

Por último, Ricardo Sixto, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha reconocido que "se ha hecho un buen trabajo" y reconoce los avances introducidos, aunque cree que no llegan a lo que deseaba su grupo por lo que optó por abstenerse, al igual que el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví. "Avanzamos, pero no todo lo que nos gustaría", sentenció el ponente de IU.

Al final, la nueva ley de Financiación de Partidos Políticos sólo contó con el único voto en contra de la coalición Amaiur, quien considera que todo es una "cortina de humo para tapar los recortes", según dijo su diputado navarro, Sabino Cuadra.

El texto se remite ahora al Senado, donde es previsible que el PSOE, el PNV y CiU vuelvan a intentar convencer al PP de la introducción de algún tipo de cláusula que garantice la revisión anual de las subvenciones.