El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes si admite a trámite una proposición de ley de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) que incluye algunas de las medidas que viene planteando desde su nacimiento para luchar contra la corrupción y para regenerar la democracia.
Así, la formación magenta, que ya ha defendido en la Cámara Baja a través de diversas iniciativas algunas de estas reivindicaciones, sugiere que las personas acusadas por delitos de corrupción política sean inelegibles o puedan ser cesadas, y reforzar la exigencia de responsabilidad por mala gestión de los cargos públicos.
DESPOLITIZAR EL EMPLEO PÚBLICO
Asimismo, el partido que lidera Rosa Díez plantea ampliar las incompatibilidades de cargos públicos, profesionalizar y despolitizar el empleo público, reforzar el Tribunal de Cuentas e implantar una justicia independiente.
Además, propone que sea delito la financiación ilegal de los partidos, el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos y la omisión o falsedad de la contabilidad y patrimonio social de los partidos políticos y de los cargos públicos.
La proposición, que fue una de las primeras que registró UPyD al inicio de la legislatura, esto es, en diciembre de 2011, también recoge algunas de las medidas en favor de la transparencia que UPyD presentó ya en forma de enmiendas a la Ley de Transparencia que el Pleno del Congreso aprobó este jueves aunque, eso sí, sin el apoyo de la formación magenta.
MÁS TRANSPARENCIA
El portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, justificó su rechazo al proyecto apuntando que la norma no servirá para atajar la lacra de la corrupción y, aunque admitió que la ley mejora "muchas cosas", cree que el Gobierno se escudará en la Ley de Protección de Datos para permitir la opacidad.
Así, el partido que lidera Rosa Díez ya apostaba por incluir a los partidos, a los sindicatos o a las empresas con participación pública, entre otros, en dicha norma, como así ha sucedido, dado que ésta era una reivindicación de buena parte de los grupos de la oposición.
Pero, además, entre otras propuestas, expone la necesidad de regular las campañas institucionales de publicidad y de comunicación de las administraciones públicas o crear registros públicos de contrataciones y subvenciones.