Todo ha quedado ensombrecido por las cargas que se han producido fuera del Consejo de Ministros. No han logrado los radicales impedir la salida del presidente y sus ministros del mismo, tampoco ha conseguido que la situación se volviera insostenible o asaltar el Parlamento. Los 9.000 miembros de fuerzas y seguridad del Estado que se han desplazado a Barcelona han tenido que emplearse a fondo para restaurar los cortes de carretera, el lanzamiento de piedras y los intentos de convertir el Consejo de Ministros de Barcelona en un absoluto fracaso.
Las imágenes de los enfrentamientos y las reacciones a lo que muchos consideran una humillación de todo un Estado, han dejado a un lado algunas de las medidas que se han llevado a cabo en el Consejo. Algunas de ellas ya se conocían:
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá a 900 euros mensuales por catorce pagas a partir del 1 de enero, lo que supone un aumento del 22,3% respecto a su actual cuantía y su mayor alza desde 1977. En concreto, el SMI se situará en 30 euros al día, 900 euros al mes y 12.600 euros al año. Para los trabajadores eventuales y temporeros, el salario mínimo será de 42,62 euros al día, y para los empleados de hogar, de 7,04 euros por hora.
Este incremento del SMI beneficiará a casi 2,5 millones de trabajadores, más de la mitad de ellos mujeres (56,7%), por lo que contribuirá a reducir la brecha de género en salarios y pensiones, según ha destacado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en un comunicado. De estos casi 2,5 millones de beneficiarios, 1,3 millones se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social (sin sistemas especiales); entre 750.000 y 800.000 en el sistema especial agrario y 400.000 en el sistema especial de empleados de hogar.
El comercio mayorista y minorista (18,8%), las actividades administrativas y auxiliares (14%) y la hostelería (10,8%) son los principales sectores que se beneficiarán por el alza del SMI. Le siguen servicios (7,7%), actividades sanitarias y de servicios sociales (6,8%), administración pública y defensa y Seguridad Social obligatoria (6,8%), actividades profesionales, científicas y técnicas (6,3%), educación (6,2%) e industria manufacturera (6%).
Trabajo ha destacado que el objetivo de esta subida del SMI es el de prevenir la pobreza en el trabajo, aumentar el nivel de vida de las personas con peores retribuciones (principalmente mujeres y jóvenes) y fomentar un crecimiento salarial "más dinámico", en línea con las recomendaciones internacionales y lo pactado en el acuerdo de convenios firmado por los agentes sociales.
Isabel Celaá ha resaltado que esta subida sitúa el salario mínimo de España en una media del 80,6% en relación con Europa. La cuantía del salario mínimo se aprueba habitualmente por decreto a finales de diciembre, para su entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente.
El Consejo de Ministros también ha aprobado ampliar el plazo para privatizar Bankia en dos años adicionales, hasta finales de 2021, según ha informado el Ministerio de Economía y Empresa en un comunicado. La finalidad del Gobierno con esta ampliación es favorecer la utilización más eficiente de los recursos públicos maximizando la recuperación de ayudas. En este sentido, ha señalado que la extensión del plazo permitirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ejecutar su estrategia de desinversión con más flexibilidad para encontrar las condiciones propicias en los mercados de capitales.
El plazo límite para que el FROB se desprenda de la participación del 61,4% que ostenta sobre Bankia estaba fijado en diciembre de 2019. El último paquete de acciones que el FROB vendió de Bankia, en diciembre de 2017, se hizo a un precio de 4,06 euros por título. Al cierre de la sesión de ayer, las acciones de Bankia cotizaban a 2,636 euros. El Gobierno ha reiterado en varias ocasiones su intención de maximizar la recuperación de ayudas concedidas durante el rescate bancario, pero que el valor actual de la acción de Bankia no es el más idóneo para privatizarla.
La subida salarial de los empleados públicos para 2019, que será como mínimo del 2,25%, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales también ha sido aprobado en este Consejo.