Esta posición está expuesta en el informe que el Consejo de Estado ha remitido al Gobierno y en el que analiza una serie de cuestiones que podrían modificarse en la normativa electoral vigente.
El informe, al que ha tenido acceso Efe, explica que la prohibición de publicar encuestas en los cinco días anteriores a la votación pretende, entre otros objetivos, reducir la influencia de las encuestas en el comportamiento electoral e impedir que puedan distraer la atención de los votantes del debate político durante los días previos a los comicios.
Sin embargo, considera que "por razones diversas no siempre se alcanzan los mencionados objetivos".
Para el Consejo, las encuestas son un elemento de juicio más para los electores a la hora de decidir su voto, pero considera que "es más que dudoso que lleguen a determinar, incluso de forma contraria a la voluntad del elector, esa decisión".
"Con frecuencia -añade- se sobrevaloran las encuestas, ya que no pasan de ser meros pronósticos, más o menos fiables, de los resultados electorales".
De igual forma, se hace eco de las afirmaciones que consideran que el conocimiento de los resultados de las encuestas puede desincentivar la participación en las elecciones, lo que subraya que "parece dar a entender que el estímulo que reciben los electores para acudir a votar es directamente proporcional al grado de incertidumbre existente en cuanto a los resultados electorales".
"Si bien es cierto que en ocasiones se podría admitir un cierto efecto desmovilizador, son más poderosos los argumentos que conducen a la afirmación contraria", añade el informe.
En consonancia con ello, explica que "la mayoría de electores son conscientes de que las encuestas sólo son una aproximación a las intenciones de los votantes y que no todos los electores acuden a las urnas teniendo presente la utilidad de su voto, sino también su fidelidad a una determinada ideología o al cumplimiento de un deber cívico".
En cuanto al objetivo de la prohibición de impedir que las encuestas distraigan la atención de los votantes, el Consejo considera que, por el contrario, pueden contribuir a crear una atmósfera de expectación que sitúa en un primer plano el debate político entre los candidatos enfrentados.
Por todo ello, sostiene que los objetivos para la prohibición son "inconsistentes" o pueden alcanzarse de modo más efectivo mediante otras medidas, como garantizar la objetividad de las encuestas electorales.
Además, subraya que en el contexto de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías, la prohibición puede ser completamente inoperante, ya que pueden publicarse encuestas en la prensa internacional o en internet.
"Por todo lo expuesto, parece razonable suprimir la prohibición de publicar o difundir encuestas durante los cinco días anteriores a la votación", concluye el informe.
Sí defiende profundizar en las características técnicas que se podrían exigir a los sondeos y en acordar algún control sobre la calidad de los mismos, para lo que apunta al reforzamiento del papel y de las funciones de la Junta Electoral Central.