El Constitucional señala que en el momento de los hechos (octubre de 2007) la normativa no exigía "expresamente" que se facilitasen datos concretos como es el Documento Nacional de Identidad o el permiso de circulación.
Así, entiende que el hecho de aportar a la Administración el nombre, dos apellidos y domicilio del conductor supone "en principio" dar una respuesta "congruente" con el deber de identificar a una persona impuesto en la Ley de Seguridad Vial.