El fallo del Tribunal Constitucional (TC) desestima el recurso del PP contra el sistema de enseñanza del catalán en aquella comunidad aprobado hace ya 10 años por el Parlament. Considera el Alto Tribunal que cuando el art. 10.2 LCEd afirma que los alumnos que se incorporen al sistema educativo sin conocer el catalán recibirán una atención lingüística que les permita iniciar el aprendizaje de esa lengua oficial, debe entenderse que ello no excluye, "pues no podría hacerlo sin incurrir en inconstitucionalidad", que los que no conozcan el castellano reciban también una atención lingüística personalizada de carácter similar.
"En el contexto del precepto examinado, que asegura el pleno dominio del castellano al final de la enseñanza obligatoria y la obligación de los centros de mejorar su aprendizaje progresivo, las medidas de apoyo personalizado al conocimiento del catalán a los alumnos que lo necesiten no pueden suponer una negación de medidas semejantes respecto de la lengua oficial del Estado", apunta el fallo.
Así considera, que el referido artículo no comporta, como afirman los recurrentes, la exclusión del castellano como lengua de apoyo lingüístico para aquellos alumnos que lo necesiten, ni la imposibilidad de que los alumnos puedan recibir la educación en castellano durante el periodo de adaptación.
"El precepto considera las dos realidades lingüísticas cuando prevé un apoyo lingüístico específico", dice la sentencia, que se pronuncia sobre la normativa 10 años después de su aprobación por parte de la Cámara catalana.
Sin embargo, el fallo del TC, declara inconstitucionales y nulos por no ajustarse a la normativa estatal básica o invadirla, artículos referidos a las guías curriculares por etapas educativas, el artículo que aborda la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, así como la regulación de las enseñanzas artísticas y deportivas.
También tumba el artículo sobre cuerpos docentes de la Generalitat, en que se aborda la estructura de profesionales de la educación de acuerdo con la titulación académica exigida para acceder a ella.
Declara inconstitucionales y nulos artículos sobre el acceso al cuerpo catedrático de la educación, así como relativos al cuerpo de inspectores, y declara que el régimen lingüístico del Aran no es inconstitucional de acuerdo con los fundamentos jurídicos expresados en la sentencia.